Director de Presupuesto de EE.UU. desestima informe de la GAO sobre fondos retenidos
Russ Vought calificó de «cosas del pasado» el fallo que declaró ilegal la retención de fondos para vehículos eléctricos. La GAO, agencia no partidista, determinó que la administración Trump violó la ley al no ejecutar partidas aprobadas por el Congreso. Vought anticipó más hallazgos similares pero los consideró irrelevantes.
«Sin consecuencias»: el desdén del Ejecutivo
El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Russ Vought, tachó de «no eventos» las conclusiones de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO). La agencia emitó un dictamen el 22 de mayo señalando que la retención de fondos para infraestructura de vehículos eléctricos constituyó un «embargo» ilegal bajo la Ley de Control de Embargos de 1974. «Son cosas del retrovisor», escribió Vought en redes sociales.
Antecedentes de tensión
La GAO ya había hallado en 2020 que la administración Trump violó la misma ley al congelar ayuda a Ucrania, durante el primer juicio político al expresidente. Actualmente, la agencia investiga 39 posibles violaciones similares bajo órdenes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, iniciativa impulsada por Elon Musk.
El papel de la GAO bajo la lupa
Vought acusó a la GAO de ser «un brazo cuasi independiente del legislativo» y de asumir un «rol partidista» durante el «engaño del impeachment». La agencia, sin embargo, es un órgano técnico que asiste al Congreso en la supervisión del gasto público. Su opinión no tiene efectos vinculantes, pero expone legalmente al Ejecutivo.
Choque de poderes en Washington
El conflicto refleja la pugna histórica entre el Congreso y la Casa Blanca por el control del presupuesto. La Constitución otorga al Legislativo la «potestad de la bolsa», pero los presidentes a menudo intentan reorientar fondos. La GAO actúa como árbitro en estas disputas.
Un tema que no cerrará pronto
Vought advirtió que la GAO seguirá declarando «embargos» a medida que avancen las investigaciones. El desacuerdo escalará mientras el Ejecutivo priorice recortes y el Congreso defienda sus asignaciones. La GAO mantendrá su rol de fiscalización, aunque el impacto práctico de sus dictámenes sigue en debate.