GAO determina que la administración Trump violó la ley al congelar fondos para vehículos eléctricos
El Departamento de Transporte retuvo ilegalmente 5.000 millones de dólares para electrolineras. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) señaló que la acción incumplió la Ley de Control de Retenciones de 1974. El fallo, aunque no vinculante, podría influir en demandas y respuestas del Congreso.
«El presidente no puede ignorar el poder del Congreso sobre el presupuesto»
La GAO, ente independiente, concluyó que la suspensión del programa NEVI (Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos) violó la ley. Según la norma, el Ejecutivo debe enviar una solicitud formal al Legislativo para modificar fondos ya aprobados. «La Constitución otorga claramente a Congresso el poder sobre el gasto», subrayó el informe.
Discrepancias en la interpretación
El Departamento de Transporte (DOT) defendió que congeló solo 526 millones (fondos no «obligados»), pero la GAO determinó que debían liberarse 3.200 millones, al considerar que los recursos se comprometen al inicio de cada año fiscal. La Casa Blanca tachó el fallo de «erróneo» y insistió en su revisión de planes estatales.
Repercusión política y legal
La senadora demócrata Patty Murray calificó la decisión como «una confirmación de que Trump quebrantó la ley». Paralelamente, 17 estados demandan al Gobierno federal por bloquear los fondos, mientras la GAO investiga otras 38 posibles violaciones similares durante su mandato.
Un precedente de medio siglo
La Ley de Control de Retenciones se aprobó en 1974 para limitar el poder presidencial sobre el presupuesto, tras disputas entre Nixon y el Congreso. Regula cómo el Ejecutivo puede retrasar o cancelar asignaciones, exigiendo transparencia y justificación legislativa.
Un pulso que sigue vivo
El fallo reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en EE.UU., con implicaciones para futuras administraciones. Las demandas pendientes y las investigaciones de la GAO podrían definir nuevos precedentes legales sobre el control de fondos públicos.