Detienen a cabecilla del PCC en Santa Cruz con ayuda policial

Marcos Roberto Almeida, alias 'Tuta', líder del PCC, fue arrestado en Bolivia con identidad falsa. Un mayor policía está implicado en su protección.
El Deber

Detienen a cabecilla del PCC en Santa Cruz con ayuda de un mayor policía

Marcos Roberto Almeida, alias ‘Tuta’, fue arrestado al intentar renovar su documento con identidad falsa. El narcotraficante brasileño contaba con la protección de un mayor de la Policía Boliviana, según imágenes y fuentes oficiales. La investigación revela posibles vínculos con un político con antecedentes penales.

«Una red de protección al descubierto»

La captura de Tuta, líder del Primer Comando Capital (PCC), ocurrió el 16 de mayo en las oficinas del SEGIP en Santa Cruz. Las cámaras muestran al mayor Gabriel Jesús S. H. (de la FELCV) asesorándole para tramitar documentos falsos. Al ser detenido, el policía huyó y ahora enfrenta una investigación interna.

La fuga y las acciones inmediatas

El comandante departamental Rolando Rojas confirmó que se solicitó un informe al mayor y se activaron pesquisas de la DIGITE y el Ministerio Público. «Las imágenes son preocupantes», admitió. El funcionario fue reubicado en el Comando Departamental para evitar obstrucciones a la investigación.

Nexos políticos y alerta internacional

Según fuentes policiales, Tuta mantenía contacto con un político boliviano no identificado, pero con historial delictivo. Su presencia en Bolivia, respaldada por presuntos cómplices institucionales, ha generado preocupación en el Gobierno y agencias como Interpol.

Un pasado que alcanza el presente

El PCC, la mayor organización criminal de Brasil, opera en narcotráfico y crimen transnacional. Tuta ingresó a Bolivia con identidad falsa (Maycon Gonçalves da Silva), evadiendo controles gracias a supuestas complicidades. En 2023, Interpol ya lo buscaba por delitos vinculados al narcotráfico.

Justicia bajo lupa

El caso expone fallas en los sistemas de seguridad y posibles infiltraciones en instituciones públicas. Las autoridades buscan desarticular la red que protegía al narcotraficante, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades penales y administrativas.