Denuncian fraude fiscal en compra de tierras por hijo del presidente

Diputados exigen investigación por presunta evasión de impuestos en la compra de un predio de 3.3 millones de dólares por el hijo del presidente boliviano.
Opinión Bolivia

Legisladores denuncian fraude fiscal en compra de tierras por hijo del presidente

Diputados exigen investigación por presunta evasión de impuestos en predio de 3.3 millones de dólares. El caso, revelado por Connectas, involucra a Rafael Arce Mosqueira y créditos millonarios. Fiscalías y entidades estatales recibirán pedidos formales de informe.

«Una organización criminal para robar al pueblo»

El diputado Héctor Arce (MAS) acusó al hijo del presidente de «fraude financiero por no pagar impuestos» en la compra de 2.187 hectáreas en Santa Cruz. Según documentos notariales, el valor real sería de 5.5 millones, pero declaró solo 3.3 millones para reducir tributos. «Han engañado al Estado», afirmó.

Créditos y privilegios bajo la lupa

Rafael Arce y su hermana Camila obtuvieron seis créditos por 63.1 millones de bolivianos del Banco Ganadero, según reportes oficiales. Los fondos se destinaron a desmonte, maquinaria y compra del predio «Adán y Eva». «¿Un joven de 25 años accede a eso sin influencias?», cuestionó el legislador.

Irregularidades en uso de suelo y ventas

El cambio de uso de suelo se aprobó en 11 días (frente a los 6 meses habituales). Además, el predio —con vertientes protegidas— habría recibido obras estatales y 35.000 litros mensuales de diésel. Connectas reveló que EMAPA compró 18.2 millones en granos no producidos allí, según registros del SIGEP.

Cuando el poder y la tierra se mezclan

El caso expone tensiones históricas por acaparamiento de tierras en Santa Cruz, región clave para el agro. Las leyes bolivianas exigen transparencia en transacciones de predios forestales, pero críticos señalan vacíos en la supervisión del INRA y la ABT.

El silencio presidencial y los pasos siguientes

Mientras Luis Arce guarda silencio, opositores de CC y el MAS piden informes a la ASFI, ABT e INRA. El diputado Ordoñez exigió al Ministerio Público actuar, mientras el oficialista Mercado pidió «pruebas, no espectáculo». La fiscalización determinará si hubo delito o solo privilegios.