Tribunal de EE.UU. ordena a Trump repatriar a venezolano deportado
La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud del Gobierno para anular la orden judicial. Daniel Lozano-Camargo fue deportado a El Salvador en marzo bajo el argumento de pertenecer a una pandilla, violando un acuerdo legal sobre solicitantes de asilo.
«El Gobierno no puede repatriar telepáticamente»
Un panel del 4° Circuito de Apelaciones de Richmond confirmó por 2 votos contra 1 la orden de un juez de Maryland que exige al Ejecutivo gestionar el retorno de Lozano-Camargo. «Debe comunicarse con El Salvador para su liberación», señaló la jueza DeAndrea Benjamin, autora del fallo mayoritario.
La deportación express
Lozano-Camargo fue enviado a una prisión salvadoreña el 15 de marzo, horas después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar expulsiones de venezolanos vinculados a la pandilla Tren de Aragua (TdA). El juez Gallagher determinó que su deportación incumplió un acuerdo de 2024 que protege a menores solicitantes de asilo.
Disenso en la corte
El juez Julius Richardson, disidente, argumentó que la orden «interfiere en negociaciones diplomáticas» del Ejecutivo. Sin embargo, el juez Roger Gregory desestimó la justificación de Trump: «No hay evidencia de una ‘invasión’ por parte de TdA».
Un precedente con nombres y apellidos
Es el segundo caso en que el 4° Circuito respalda la repatriación de deportados a El Salvador. En marzo, Kilmar Abrego García fue expulsado pese a una orden de 2019 que reconocía riesgo de persecución en su país. Abogados de Lozano-Camargo celebraron el fallo: «Defenderemos el derecho a solicitar asilo con seguridad».
Decretos contra reloj
La administración Trump aceleró deportaciones de 130 venezolanos en marzo bajo la premisa de combatir a TdA, pese a que cortes previas cuestionaron el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros. El Gobierno podría apelar ante el pleno del 4° Circuito o la Corte Suprema.
El último capítulo lo escribirá la justicia
El fallo mantiene la presión sobre el Ejecutivo para cumplir acuerdos migratorios, aunque su aplicación depende de gestiones diplomáticas con El Salvador. La disputa judicial continúa mientras organizaciones exigen garantías para los afectados.
