Departamento de Justicia de EE.UU. cancela acuerdos de reforma policial en Minneapolis y Louisville
La división de Derechos Civiles anuló los decretos de la era Biden. La decisión se produce días antes del quinto aniversario de la muerte de George Floyd. Los acuerdos buscaban abordar discriminación sistémica en departamentos policiales.
«Fin a los decretos que maniataban a la policía local»
El Departamento de Justicia (DOJ) canceló este miércoles los acuerdos de reforma policial impulsados por el gobierno de Biden en Minneapolis y Louisville. La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon los calificó de «experimento fallido» que transfería el control a «burócratas no electos». Los decretos exigían cambios en formación, disciplina y contratación de agentes bajo supervisión federal.
Reacción en Minnesota
El Departamento de Derechos Humanos de Minnesota aseguró que mantendrá su acuerdo estatal con Minneapolis. «La ciudad y su policía deben hacer cambios transformadores», declaró la comisionada Rebecca Lucero. El pacto estatal aborda prácticas policiales discriminatorias contra comunidades negras e indígenas.
Un giro en la política de derechos civiles
La medida refleja el nuevo enfoque del DOJ bajo la administración Trump: priorizar presunto antisemitismo en universidades y apoyar a cuerpos policiales locales. También se cerrarán investigaciones en Phoenix, Memphis y Oklahoma City. Los decretos cancelados respondían a informes federales que hallaron uso injustificado de fuerza letal y discriminación racial.
Heridas abiertas antes del aniversario
La decisión llega cerca del 25 de mayo, fecha en que un agente de Minneapolis asfixió a George Floyd en 2020. Su muerte, grabada en video, desató protestas nacionales. Semanas antes, en Louisville, policías mataron a Breonna Taylor. Ambos casos impulsaron los acuerdos ahora cancelados.
Menos supervisión federal, más incertidumbre
El DOJ argumentó que los decretos implicaban «años de microgestión» y costes millonarios «sin base legal suficiente». Minneapolis y Louisville habían alcanzado acuerdos preliminares en enero y diciembre de 2024, respectivamente. Ahora, la reforma policial dependerá mayormente de iniciativas estatales o locales.
