Gobierno boliviano decreta confidencialidad de archivos de DIREMAR
El Decreto Nº 5376 mantiene bajo reserva los documentos de los litigios marítimos. La medida contradice la promesa de transparencia hecha en marzo por el presidente Arce. Prohíbe su difusión y uso, alegando seguridad nacional.
«Una historia diplomática bajo llave»
El 23 de marzo, Luis Arce anunció el cierre de DIREMAR y la evaluación de los dos procesos ante la CIJ, donde Bolivia perdió los litigios por acceso al mar y el Silala. Sin embargo, el decreto promulgado «no solo mantiene la confidencialidad, sino que prohíbe expresamente su difusión», según el texto. Esto impide a historiadores y ciudadanos analizar los detalles.
Interrogantes sin respuesta
Surgen dudas sobre qué se oculta y por qué se limita el acceso a documentos clave. La promesa de transparentar los fallos de la CIJ quedó incumplida, generando críticas por opacidad en un tema histórico.
Memoria colectiva en riesgo
La confidencialidad «constituye una afrenta a la memoria boliviana», pues impide entender procesos diplomáticos cruciales. Sin acceso a la información, la historia se construye sobre versiones sesgadas o mitos, dificultando aprender de errores pasados. Además, podría ocultar fallas en la gestión de los litigios.
Democracia y transparencia
El autor advierte que la opacidad socava las bases democráticas y normaliza la desconfianza institucional. Reclama que la verdad es un derecho fundamental para construir un futuro consciente.
El peso de lo no dicho
Los fallos de la CIJ en 2018 (mar) y 2022 (Silala) marcaron un revés diplomático para Bolivia. DIREMAR, creada para gestionar estas demandas, acumuló documentación ahora declarada reservada.
Una verdad que no puede esperar
La medida afecta el derecho ciudadano a evaluar decisiones de Estado y debatir con información completa. El texto insiste en que la transparencia es clave para evitar una «historia mutilada» y consolidar una democracia participativa.
