Fiscal general de Oregon demanda a Trump por aranceles «sin base racional»
Doce estados se unen a la demanda contra los impuestos a importaciones. El fiscal Dan Rayfield denuncia el uso «sin precedentes» de poderes de emergencia. La medida afectaría a familias con un costo anual de 3.800 dólares.
«Un impuesto encubierto a las familias trabajadoras»
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, lidera una demanda junto a otros 11 estados contra los aranceles impuestos por el presidente Trump. «No hay base racional detrás de lo que intenta lograr el presidente», declaró Rayfield, quien asegura que los impuestos supondrían «un aumento de 3.800 dólares anuales en bienes básicos» para los hogares.
Impacto en la economía local
Rayfield destacó que Canadá ya está retirando productos de Oregon de los estantes, afectando relaciones comerciales de décadas. La industria de viveros, una de las más importantes del estado, sería una de las más perjudicadas.
Apoyo sindical y silencio empresarial
Aunque los sindicatos, como la AFL-CIO de Oregon, respaldan la demanda, las grandes empresas evitan criticar públicamente los aranceles. Rayfield atribuye esto a negociaciones privadas con el Gobierno federal.
Un precedente peligroso
La demanda cuestiona el uso de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, nunca antes empleada para imponer aranceles. «Es un abuso sin precedentes de los poderes de emergencia», insistió Rayfield.
Demócratas en pie de guerra
Fiscales generales demócratas han presentado más de 20 demandas contra órdenes ejecutivas de Trump desde enero. California fue el primer estado en desafiar los aranceles, pero el caso de Oregon podría ser el primero en llegar a los tribunales federales.
El costo de la batalla legal
Si los aranceles se mantienen, economistas prevén un aumento generalizado de precios en alimentos y productos básicos. Pequeñas empresas, como una fabricante de sostenes, ya anticipan trasladar los costos a los consumidores.
Un fallo que marcará el futuro
La resolución del tribunal sentará un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema, donde se decidirá si Trump excedió su autoridad.
