Argentina reabre caso contra Evo Morales por crímenes de lesa humanidad

La Justicia argentina investigará presuntos crímenes cometidos en Bolivia durante el mandato de Evo Morales, basándose en la jurisdicción universal.
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Persona sonriendo mientras sostiene un micrófono.
Un hombre sonriente sujeto un micrófono en su mano derecha durante una intervención en público.

Argentina reabre caso contra Evo Morales por delitos de lesa humanidad

La Justicia argentina investigará presuntos crímenes cometidos en Bolivia durante su mandato. Tres organizaciones civiles y víctimas presentaron la denuncia, basándose en la jurisdicción universal. El exmandatario enfrenta acusaciones por masacres, torturas y persecución política.

«La Constitución argentina permite juzgar crímenes internacionales»

El Foro Argentino por la Democracia y otras dos ONG argumentan que Argentina tiene competencia legal, citando tratados internacionales y precedentes como el caso de Nicolás Maduro. «Los tribunales pueden ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos en el extranjero», señala el documento.

Acusaciones específicas

La denuncia menciona masacres, torturas y persecución judicial a opositores durante los 14 años de gobierno de Morales. Incluye el caso «Francisco Tádic Astorga», documentado por la CIDH, y acusa al exmandatario de «manipular el sistema judicial boliviano» para hostigar a críticos como Marco Antonio Aramayo.

Falta de garantías en Bolivia

Las organizaciones denunciantes sostienen que la Justicia boliviana «no puede garantizar procesos imparciales» en casos que involucren al Estado. Piden a Argentina aplicar estándares internacionales al evaluar la responsabilidad penal de Morales.

Un precedente regional

La denuncia retoma el principio de jurisdicción universal, utilizado previamente en casos como el de Venezuela. Argentina reabrió en abril otro expediente contra Morales por abuso de menores y trata de personas, cerrado en 2024.

El peso de los tratados internacionales

El caso dependerá de la interpretación de los convenios suscritos por Argentina. La decisión judicial marcaría un precedente sobre la aplicación de la jurisdicción universal a exmandatarios latinoamericanos.