Tribunal Agroambiental ordena medidas de protección para el jaguar y defensores

El fallo incluye una pausa ecológica y cautelares para el hábitat del felino. La decisión, emitida el 23 de abril de 2025, responde a presiones mineras y contaminación en áreas naturales. Se aplica en paralelo a demandas ciudadanas por el reconocimiento del agua como sujeto de derechos.

«Justicia ambiental en movimiento»

El Tribunal Agroambiental dispuso medidas cautelares para proteger al jaguar (panthera onca) y su ecosistema, junto a salvaguardas para siete defensores ambientales. La resolución coincide con denuncias de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, que exige frenar la explotación minera en cabeceras de cuenca. «El agua debe ser reconocida como sujeto de derechos», insistió la organización.

Presión minera y conflicto social

Sector aurífero busca derogar restricciones para operar en ríos y lagos, según el artículo 93 de la Ley Minera. El CEDIB alertó que el Estado usa la pobreza de comunidades para imponer proyectos, mientras el viceministerio admitió que la minería ilegal «provoca inundaciones en La Paz». En Viacha, 26 empresas contaminaron aguas con cianuro en 2024.

Litio y disputa por el agua

Campesinos de Potosí rechazan contratos con empresas chinas y rusas por el riesgo de desabastecimiento hídrico. Ambientalistas advierten que la industria requiere 40 millones de m³ de agua anuales, frente a lluvias de 3.2 millones en Uyuni. «No hubo consulta previa», denunciaron comunidades al firmarse los acuerdos.

Heridas abiertas en el territorio

El Observatorio de LIDEMA registró que las vulneraciones socioambientales se duplicaron en 2024, atribuidas a incendios y minería. En Totoral Chico, una minera opera ilegalmente desde 2014 con permisos vencidos, mientras ganaderos impulsan un proyecto para evitar multas por quemas. Guardaparques denunciaron recortes en subsidios y politización del SERNAP.

El agua marca el futuro

Las medidas judiciales y protestas reflejan tensiones entre explotación de recursos y derechos naturales. La eficacia de las cautelares dependerá de su aplicación en un contexto de presión económica y debilidad institucional. Mientras, la REPAM impulsa una campaña global para defender la Amazonía, vinculando crisis climática y modelos extractivos.