Fiscalía pide 20 años para Zúñiga y 16 militares por golpe fallido

El Ministerio Público acusa a 17 militares de terrorismo y alzamiento armado por el intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024 en Bolivia.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Un grupo de personas se reúne alrededor de un hombre en uniforme que responde a varios micrófonos.
Un hombre uniformado responde a preguntas de varios reporteros en un entorno lleno de personas.

Fiscalía pide 20 años para Zúñiga y 16 militares por golpe fallido

El Ministerio Público acusa a 17 militares de terrorismo y alzamiento armado. El juicio, impulsado por el Gobierno, sigue pese a las denuncias de Zúñiga sobre un montaje presidencial. Ocurrió el 26 de junio de 2024 en La Paz.

«La pena máxima por terrorismo»: la petición fiscal

El fiscal Luis Carlos Torrez anunció que solicitará 20 años de prisión para el excomandante Juan José Zúñiga y otros 16 militares, acusados de «alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución». Para cinco civiles, en cambio, se pedirá una reducción de pena por su grado de complicidad. «Se valorará exclusivamente la participación de cada uno», aclaró.

Las acusaciones y los nombres clave

Entre los imputados destacan Juan Arnés Salvador y Marcelo Zegarra, señalados junto a Zúñiga como los principales responsables. La Fiscalía mantiene que los hechos del 26 de junio de 2024 constituyeron un «intento de golpe de Estado», aunque el excomandante aseguró que fue un montaje del presidente Luis Arce para aumentar su popularidad.

El hermetismo que rodea al caso

El Gobierno produjo un documental con su versión de los hechos, pero la Fiscalía restringió el acceso a la información. Incluso la Comisión Especial del Senado denunció que no pudo entrevistar a los acusados ni revisar documentos clave. «Todo fue resguardado con hermetismo», señala el texto.

Un juicio en medio de controversia

El supuesto golpe ocurrió en un contexto de caída en la popularidad de Arce. Zúñiga y otros militares fueron detenidos tras el incidente, que incluyó movilizaciones en La Paz. La población, sin embargo, rechazó en redes la narrativa oficial, cuestionando su veracidad.

¿Qué sigue para los acusados?

El proceso judicial avanzará pese a las denuncias de manipulación. La sentencia, de confirmarse las penas máximas, marcaría un precedente en casos de supuesta sedición en Bolivia. El Gobierno mantiene su postura, mientras las críticas apuntan a la falta de transparencia.