Excanciller Pary renuncia a indemnización por inhabilitación electoral
Diego Pary declinó el pago económico tras fallo a su favor del TCP. El exministro de Evo Morales fue inhabilitado como candidato a senador en 2020 por residir en La Paz. El TSE actualizó normas para casos similares.
«Avances normativos en democracia intercultural»
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Pary renunció voluntariamente a la reparación económica establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2020. «Expresó su conformidad con los progresos en las reglas electorales», detalló el organismo en un comunicado este martes.
El origen del conflicto
En febrero de 2020, el TSE invalidó la candidatura de Pary a senador por Potosí al considerar que no cumplía el requisito de residencia permanente en el país, por vivir en La Paz. El excanciller y exembajador ante la ONU recurrió al TCP, que falló a su favor y ordenó una indemnización por «derechos políticos vulnerados».
Cambios en las reglas
El TSE precisó que ahora se considera residencia en Bolivia a los diplomáticos en misión oficial. Además, las certificaciones de autoridades indígenas tendrán validez legal en procesos electorales. Estas modificaciones buscan evitar casos como el de Pary.
De la inhabilitación a la reparación
El TCP había restituido los derechos políticos de Pary para las elecciones de octubre de 2020, aunque el excanciller no volvió a postularse. El ente electoral reiteró que acata «en su integridad» la sentencia constitucional, pese a la renuncia del beneficiario al pago económico.
Un precedente para futuras candidaturas
El caso marcó un debate sobre los requisitos de residencia para cargos públicos. Las reformas del TSE amplían los criterios para diplomáticos y comunidades originarias, ajustándose a realidades como las misiones internacionales o sistemas de certificación indígena.
Un cierre sin compensación económica
Pary cierra el capítulo de su inhabilitación sin recibir indemnización, mientras el sistema electoral boliviano incorpora cambios derivados de su caso. El TSE mantiene su reconocimiento al fallo, aunque el afectado optó por no ejecutarlo económicamente.
