Tribunal autoriza ingreso de basura a K’ara K’ara hasta diciembre

El Tribunal Agroambiental permite operar el relleno sanitario K’ara K’ara por siete meses, tras una crisis por acumulación de basura en Cochabamba.
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Un camión volquete en un vertedero con personas alrededor.
Una imagen que muestra un camión volquete en medio de un vertedero, con personas trabajando cerca.

Tribunal Agroambiental autoriza ingreso de basura a K’ara K’ara hasta diciembre

La medida excepcional permitirá operar el relleno sanitario por siete meses. La Alcaldía de Cochabamba anunció la resolución tras más de diez días de acumulación de residuos en las calles. El conflicto escaló con agresiones a funcionarios y periodistas.

«Una solución temporal para una crisis ambiental»

El secretario de Finanzas Municipales, Mauricio Muñoz, confirmó que el Tribunal Agroambiental autorizó el funcionamiento de la celda M2-3 en K’ara K’ara hasta diciembre. «Durante este plazo, el municipio debe avanzar en el cierre técnico del relleno», explicó. La decisión llega tras la declaratoria de emergencia ambiental por el Consejo Metropolitano Kanata.

Violencia y bloqueos en Cotapachi

El conflicto por la basura derivó en agresiones a cinco funcionarias públicas, quienes fueron retenidas, robadas y sufrieron cortes de cabello. Una veintena de trabajadores y un equipo de UNITEL también fueron atacados. Pobladores de Colcapirhua mantuvieron bloqueos en la avenida Blanco Galindo y una vigilia en el botadero de Cotapachi, rechazando su uso temporal.

De la emergencia a la medida cautelar

La Alcaldía había habilitado una celda de emergencia en Cotapachi, pero la oposición vecinal paralizó la iniciativa. K’ara K’ara, cerrado por orden judicial, era el principal destino de los residuos de Cochabamba. La acumulación de basura en las calles superó los diez días, generando riesgos sanitarios.

Un problema que no empezó ayer

Cochabamba arrastra una crisis de gestión de residuos desde años atrás, con disputas por la saturación de K’ara K’ara y la falta de alternativas sostenibles. En 2025, la Justicia ordenó su cierre, pero sin una solución inmediata, lo que desencadenó la actual emergencia.

¿Y ahora qué?

La autorización temporal alivia la presión inmediata, pero el municipio tiene siete meses para cumplir con los requisitos del cierre técnico. Mientras, la violencia refleja la urgencia de consensuar una solución definitiva para los residuos de la región.