Fiscalía y FELCV enfrentan críticas por negligencia en casos de violencia de género

8.477 denuncias de violencia contra mujeres en 2025. Organismos acusados de revictimización, corrupción y favorecimiento a agresores. El caso de Nadia Apaza, fallecida tras ser ignorada al denunciar violación, reactivó las alertas.

«No les creen»: el muro institucional

Organizaciones como Mujeres Creando denuncian que la Fiscalía y la FELCV incumplen protocolos: «Los fiscales no aplican la debida diligencia y la policía es negligente», afirma la abogada Heidi Gil. El 77% de los casos registrados en 2025 son violencia familiar, según datos oficiales. La directora de la Casa de la Mujer, Paola García, subraya que el principal obstáculo es «superar el mito de que la violencia de género no existe».

Errores que perpetúan la impunidad

Ángela Nogales, de Mujeres de Fuego, revela que fiscales «copian imputaciones entre casos, solo cambiando nombres». Eulogia Tapia, del Observatorio de Derechos de Mujeres, confirma que estas prácticas son recurrentes y sin mejoras. La FELCV, creada para proteger a las víctimas, fue señalada en el caso Apaza: la investigadora Delia P. culpó a la víctima y la obligó a retirar la denuncia.

Una ley sobrecargada y sin recursos

La Ley 348 (2013) penalizó todo tipo de violencia, pero «los fiscales no dan abasto», explica Gil. Falta de personal, corrupción y retardación de procesos liberan agresores y dejan desprotegidas a las víctimas. La Unidad Especializada en Delitos de Género, creada para agilizar casos, no ha logrado revertir las cifras: 22 feminicidios en tres meses, con La Paz y Cochabamba como regiones más afectadas.

Once años de promesas incumplidas

La FELCV y la Fiscalía debían garantizar protección bajo la Ley 348, pero persisten estereotipos de género y desinterés institucional. Nogales propone reformas: «acortar plazos, endurecer penas y sancionar mal uso de la norma». Gil insiste en capacitar a fiscales y derivar casos leves a juzgados familiares.

Justicia que llega, si acaso, demasiado tarde

La muerte de Nadia Apaza aceleró la detención de su agresor, pero evidencia un patrón: las víctimas solo son creídas cuando el daño es irreversible. Con 2.016 denuncias solo en La Paz, las autoridades enfrentan presión para corregir fallas estructurales que perpetúan la violencia.