Tribunal Agroambiental ordena medidas históricas para proteger la naturaleza en Bolivia
El fallo incluye una pausa ecológica nacional y protección reforzada para defensores ambientales y el jaguar. La resolución, emitida el 5 de mayo de 2025, establece plazos perentorios para instituciones estatales y marca un precedente jurídico en defensa de la Madre Tierra.
«Protección sin precedentes para quienes defienden el medio ambiente»
El Tribunal Agroambiental ordenó al Ministerio Público, Policía Boliviana y otros entes estatales implementar en 10 días medidas efectivas para salvaguardar a defensores ambientales como la diputada María René Álvarez, el guardaparque Marcos Uzquiano y la activista Daniela Justiniano, entre otros. La resolución cubre derechos como la libre expresión y circulación, ante amenazas por su labor.
Acciones concretas para especies y ecosistemas
Se exige al Ministerio de Medio Ambiente actualizar en seis meses la categoría del jaguar a «peligro crítico» (actualmente «vulnerable») y crear un plan nacional para su conservación con pueblos indígenas. Además, se ratifica la suspensión inmediata de quemas y chaqueos, prohibiendo nuevas autorizaciones de la ABT hasta nueva evaluación técnica.
Instituciones en marcha
La Defensoría del Pueblo tiene 30 días para diseñar un plan nacional de protección a defensores ambientales, con enfoque de género e intercultural. El Ministerio de Educación deberá actualizar contenidos sobre biodiversidad, cambio climático y contaminación en todos los subsistemas educativos.
Un fallo que mira al futuro
La resolución insta a la Asamblea Legislativa a crear un fondo de conservación del jaguar con apoyo de cooperación internacional y ordena al gobierno implementar una política de «tolerancia cero» contra el tráfico de vida silvestre. El TSJ deberá priorizar extradiciones por delitos contra especies protegidas vinculados a crimen organizado.
Cuando la justicia se pone la camiseta verde
El Tribunal Agroambiental, creado en el marco de la Constitución de 2009, enfrenta el desafío de frenar la degradación ambiental en un país con altos índices de deforestación y presión sobre especies emblemáticas como el jaguar. Esta sentencia sienta bases para una protección integral, combinando acciones jurídicas, educativas y políticas públicas.
Un parteaguas con sello boliviano
La ejecución de estas medidas podría transformar la gestión ambiental en Bolivia, desde la base educativa hasta la protección efectiva de defensores y especies. Su impacto dependerá de la coordinación interinstitucional y los recursos asignados, en un contexto donde la conflictividad socioambiental ha ido en aumento.
