Abogado denuncia impunidad en muerte de Aramayo tras 250 procesos judiciales
El exdirector del Fondo Indígena murió en custodia en 2022 sin investigar presuntas torturas. Expertos señalan fallas estructurales en el sistema judicial boliviano y responsabilidad del Ejecutivo. La familia evalúa llevar el caso a la CIDH.
«La justicia como herramienta de persecución»
Marco Antonio Aramayo falleció el 19 de abril de 2022 tras siete años detenido en condiciones que su familia califica de «inhumanas y degradantes». El abogado Eusebio Vera y la APDHB denuncian que los 250 procesos judiciales en su contra buscaban imposibilitar su defensa. La Fiscalía rechazó dos veces investigar las torturas, según Yolanda Herrera, vicepresidenta de la APDHB.
Responsabilidad estatal y omisiones
Vera atribuye la muerte de Aramayo al «gobierno de Evo Morales» y critica la «subordinación» de jueces y fiscales al Ejecutivo. Un informe del ITEI documentó torturas graves por parte de policías y concluyó que fue un «abuso de poder extremo». Herrera advierte que la Defensoría del Pueblo no actuó con firmeza.
Camino a instancias internacionales
La APDHB sostiene que Aramayo era «inocente» y que su caso refleja «prácticas dictatoriales». Vera destaca la «dejadez terrible» del sistema al no investigar las vejaciones. La familia podría recurrir a la CIDH, ya que la inacción judicial envía un mensaje de «encubrimiento e impunidad».
Un sistema judicial en crisis
El ITEI calificó las audiencias contra Aramayo como «vergonzosas» y señaló que se ignoró su presunción de inocencia. Vera afirma que el Ejecutivo, al ser parte denunciante, «anula toda imparcialidad». Herrera añade que las instituciones «acorralan y torturan con impunidad» para silenciar disidencias.
Patrón de vulneración de derechos
El caso se enmarca en denuncias recurrentes contra el sistema judicial boliviano. El ITEI y la APDHB documentan un uso político de la justicia, con tácticas como la multiplicación de procesos. Vera insiste en que «ningún servidor público contradice al ministro de Gobierno», lo que perpetúa la impunidad.
Justicia pendiente, tres años después
La muerte de Aramayo sigue sin esclarecerse, pese a las pruebas de tortura. La APDHB exige sanciones para los responsables materiales e intelectuales. El caso evidencia cómo la falta de independencia judicial puede convertir la justicia en un instrumento de persecución, según los expertos.
