Gobierno evalúa importar carne argentina y ganaderos denuncian chantaje
El SENASAG coordinó una auditoría para posibles importaciones desde Argentina. Ganaderos bolivianos rechazan la medida, alegando excedentes locales y presiones para bajar precios. El Gobierno negó la política de importación, aunque un viceministro dejó abierta la opción.
«¿Con qué dólares lo vamos a comprar?»: el reclamo ganadero
La Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) calificó el anuncio como una «presión política». Walter Ruiz, su presidente, destacó que el kilo de carne en Argentina cuesta $4 frente a $2,5 en Bolivia. «Los frigoríficos y transportistas están parados por el veto a las exportaciones», añadió Hernán Julio Nogales de FEGABENI.
Acusaciones de contrabando y desatención
Edwin Balcázar, ganadero beniano, denunció chantaje gubernamental y señaló a intermediarios y contrabando hacia Perú como causantes del alza. Carmelo Arteaga (FEGABENI) aseguró que «Beni tiene 3,5 millones de cabezas para 500 mil habitantes», criticando la falta de apoyo tras inundaciones.
Contradicciones oficiales: ¿importar o no?
El viceministro Álvaro Mollinedo afirmó que «si hay necesidad» se importará carne argentina para abaratar precios, aunque luego el Ministerio de Desarrollo Rural emitió un comunicado negando tal política. «Bolivia tiene producción suficiente», insistió el Ejecutivo.
Ganado que se escapa por la frontera
Un rematador cruceño (bajo anonimato) denunció contrabando diario de 500 a 1.000 cabezas a Brasil, con presunta complicidad de funcionarios. «Pagan $100 por camión en controles», reveló, señalando rutas por San Ignacio de Velasco.
Carne, dólares y tensiones acumuladas
El conflicto surge tras 90 días de veto a exportaciones ganaderas y reclamos por inundaciones en Beni. Mientras el Gobierno busca estabilizar precios, el sector acusa desabastecimiento de combustibles y controles laxos al contrabando.
Un mercado en busca de equilibrio
La polémica refleja la tensión entre abastecimiento interno y rentabilidad ganadera. La resolución dependerá de si el Gobierno mantiene su postura inicial o negocia con el sector, mientras persisten denuncias de comercio ilegal.
