Cívicos y autoridades cruceñas crean comisión por disputa territorial en Piso Firme
La justicia beniana resolvió que la comunidad pertenece a ese departamento, lo que motivó la reacción de instituciones cruceñas. Conformarán una comisión permanente para defender su integridad territorial. La decisión judicial generó tensiones entre ambos departamentos.
«Defensa contundente de la soberanía cruceña»
El Comité pro Santa Cruz, la Gobernación cruceña, parlamentarios y comunarios de Piso Firme acordaron crear una Comisión Departamental Permanente de Defensa Territorial. La medida responde al fallo de una sala constitucional beniana que declaró a la comunidad como parte de ese departamento. «Frente a acciones arbitrarias del Viceministerio de Autonomías», señala el documento emitido tras la reunión.
Un territorio en disputa histórica
Piso Firme ha sido atendido históricamente por el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, pero Beni alega que comisiones mixtas en 2007 ya definieron los límites. El gobernador beniano, Alejandro Unzueta, afirmó: «Defendemos una región geográficamente delimitada». Santa Cruz rechaza el fallo y exige acciones legales para proteger su integridad territorial.
Entre mapas y autodeterminación
Las instituciones cruceñas se comprometieron a ejercer «defensa oportuna» de su territorio, incluyendo el derecho a autodeterminación. Beni, por su parte, insiste en que la cartografía electoral y los asientos censales respaldan su posición. «El departamento necesita sentirse protegido», remarcó Unzueta.
Una frontera que divide aguas
La disputa por Piso Firme se enmarca en tensiones históricas entre ambos departamentos. Beni argumenta límites definidos en 2007, mientras Santa Cruz sostiene su jurisdicción sobre la zona por atención administrativa continua. El Viceministerio de Autonomías, con el decreto 5050, ha sido señalado por arbitrariedad.
El conflicto sigue en tribunales
La comisión cruceña buscará acciones legales para revertir el fallo, mientras Beni insiste en su validez. La resolución judicial y la respuesta institucional marcan un nuevo capítulo en este litigio territorial, cuyas repercusiones dependerán de las próximas decisiones jurídicas y políticas.
