Detienen a jueza boliviana por anular orden contra Evo Morales

La jueza Lilian Moreno fue arrestada tras anular una orden de captura contra Evo Morales, reavivando el debate sobre independencia judicial en Bolivia.
El Deber

Detienen a jueza boliviana por anular orden de captura contra Evo Morales

Lilian Moreno fue trasladada a La Paz y luego al penal de Palmasola. La medida reavivó el debate sobre independencia judicial. Organizaciones denuncian violación al debido proceso, mientras el gobierno defiende la acción legal.

«Una ilegalidad no se corrige con otra»

La jueza Lilian Moreno fue detenida el 7 de mayo en Santa Cruz tras anular el 30 de abril la orden de aprehensión contra Evo Morales, investigado por trata de personas. Su fallo trasladaba el caso a Cochabamba, pero fue revertido por el juez Franz Zabaleta. Organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos criticaron la detención, señalando que «ninguna ilegalidad puede ser corregida cometiendo otra».

Repercusiones políticas y sociales

Más de 30 exministros de Morales pidieron intervención de la ONU, calificando el arresto como «violación flagrante al debido proceso». El ministro de Justicia, César Siles, justificó la acción: Moreno actuó «sin competencia territorial». La activista María Galindo sugirió que la jueza pudo «pagar favores» al exmandatario.

El caso contra Morales: estancado y polarizante

La Fiscalía y el Tribunal de Tarija no avanzaron en seis meses en la investigación por presunta trata. Morales niega las acusaciones y alega persecución política. Galindo acusó al exmandatario de «depredar niñas» con complicidad de su gobierno.

Un sistema judicial bajo la lupa

El arresto de Moreno evidencia tensiones en la justicia boliviana, con críticas por falta de independencia. La jueza permanecerá 30 días en Palmasola mientras se investiga por prevaricato. Su familia denunció que no recibió medicamentos.

Justicia en el ojo del huracán

El caso refleja la polarización en Bolivia, con un sistema judicial cuestionado por ambos bandos. Mientras el gobierno insiste en la legalidad de la detención, críticos advierten sobre riesgos para el estado de derecho.

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