Jueces federales cuestionan la credibilidad del Departamento de Justicia de Trump

Al menos seis magistrados han criticado duramente a los abogados del gobierno en casos clave. Los reproches incluyen acusaciones de deshonestidad y evasión en litigios sobre deportaciones y derechos laborales. La Corte Suprema también mostró escepticismo en una reciente orden sobre deportaciones a Venezuela.

«No parece que me digan la verdad»

Desde marzo de 2025, jueces en California, Texas y Maryland han señalado inconsistencias en los argumentos del Departamento de Justicia (DOJ). Un magistrado calificó de «simulacro» la justificación para despidos de empleados federales, mientras otro tachó de «pretexto» la prohibición a personas transgénero en el ejército. «Dicen una cosa en público y otra en los tribunales», recriminó una jueza.

El caso que encendió las alarmas

En abril, la Corte Suprema ordenó frenar deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Extranjeros Enemigos (AEA), con solo dos disidencias entre los jueces conservadores. Sin embargo, el DOJ interpretó que «facilitar» el retorno de un detenido en El Salvador significaba «no hacer nada», según un juez de apelaciones. El afectado sigue preso un mes después.

Patrón de desconfianza

Organizaciones como Democracy Forward denuncian que el gobierno obliga a gastar más recursos para asegurar el cumplimiento de fallos judiciales. En casos como el del alcalde Eric Adams o los contratos colectivos federales, los jueces hallaron argumentos «sin sustento» o «pretextuales». Un magistrado incluso sugirió desacato penal por incumplir una orden sobre deportaciones.

Antecedentes: Cuando la Corte Suprema hizo la vista gorda

Durante el primer mandato de Trump, los jueces conservadores ignoraron sus declaraciones polémicas al avalar medidas como la prohibición de viajes desde países musulmanes. Pero en 2019, el presidente del tribunal, John Roberts, cuestionó la «explicación contrariada» del gobierno sobre el censo. Ahora, con Amy Coney Barrett en la corte, la balanza podría inclinarse.

La prueba definitiva llega la próxima semana

La Corte Suprema analizará si las órdenes judiciales pueden bloquear políticas federales a nivel nacional, en un caso sobre ciudadanía por nacimiento. Si aceptan la postura del DOJ, miles de hijos de inmigrantes podrían nacer apátridas mientras se resuelven demandas individuales. La credibilidad del gobierno, ya erosionada, será clave en el fallo.