Jueces Moreno y Zabaleta incumplieron leyes en caso contra Evo Morales
Un abogado constitucionalista denuncia irregularidades procesales en el caso de trata de personas. Los magistrados anularon órdenes de aprehensión y trasladaron el proceso sin competencia legal, según expertos. El Consejo de la Magistratura señala que el Tribunal Supremo debió intervenir.
«Los jueces se prestaron a un manejo irregular del caso»
El abogado Williams Bascopé afirmó que la jueza Lilian Moreno (Santa Cruz) y el juez Andrés Zabaleta (La Paz) actuaron fuera de sus facultades. «Moreno anuló la orden de aprehensión contra Morales y ordenó trasladar el caso a Cochabamba sin base legal», sostuvo. Zabaleta, por su parte, exigió suspender esa decisión, aunque tampoco tenía competencia.
Conflictos de competencia
Bascopé destacó que el Código Procesal no permite a estos jueces resolver acciones de libertad en un caso radicado en Tarija. El Consejo de la Magistratura respaldó esta postura, indicando que el Tribunal Supremo de Justicia era la instancia competente para dirimir el conflicto.
Un laberinto de resoluciones contradictorias
La jueza Moreno anuló la imputación contra Morales y trasladó el proceso a Cochabamba, mientras que Zabaleta, a solicitud del Gobierno, determinó que el caso permaneciera en Tarija. Ambas decisiones se enmarcaron en acciones de libertad, pero, según Bascopé, carecían de sustento jurídico.
Repercusiones inmediatas
La Fiscalía imputó a Moreno por incumplimiento de deberes en un caso de protección a mujeres y solicitó su detención en Palmasola. Paralelamente, Evo Morales y sus exministros pidieron la intervención de una relatora de la ONU en el caso.
Un precedente judicial polémico
El caso evidencia tensiones entre poderes del Estado y cuestionamientos a la independencia judicial. Morales enfrenta cargos por trata de personas en Tarija, pero las resoluciones de Moreno y Zabaleta han generado un caos procesal.
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra
La legalidad de las decisiones judiciales dependerá de un pronunciamiento del máximo órgano judicial. Mientras tanto, el caso sigue generando divisiones y reclamos de transparencia en el sistema legal boliviano.
