Cívicos exigen al alcalde depurar su entorno tras ataques

El Comité pro Santa Cruz declara 'persona no grata' al alcalde Fernández y exige sanciones contra funcionarios vinculados a agresiones en el Concejo.
El Deber

Cívicos exigen al alcalde depurar su entorno tras ataques en Concejo

El Comité pro Santa Cruz declara «persona no grata» al alcalde Fernández. Exigen sanciones contra funcionarios municipales vinculados a agresiones del domingo. El vicepresidente cívico advierte: «Si no actúa, es cómplice».

«Todo el país vio a personeros dirigiendo a las turbas»

Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, afirmó que los ataques a concejales y periodistas fueron coordinados por funcionarios municipales. «Las cámaras los captaron. Si no los despide, entonces es cómplice», declaró. La institución cívica responsabiliza directamente al alcalde Jhonny Fernández por los hechos violentos ocurridos el 4 de mayo.

Exigen respuestas directas y sanciones

Zambrana rechazó las declaraciones del vocero municipal Bernardo Montenegro: «Él hace una ‘pega’, pero que hable el alcalde». Los cívicos demandan que Fernández explique cómo enfrentará la «crisis caótica, política, económica y de gestión» que, según ellos, atraviesa el Municipio. También piden a la Policía y al Ministerio Público actuar: «Si el comandante no protege a los ciudadanos, que se vaya a su casa».

Advertencia y línea moral

El Comité advirtió que la falta de sanciones demostraría que los hechos «fueron planificados desde arriba». Zambrana subrayó que, aunque no son «papistas», marcarán una «línea de conducta moral para quienes manejan la política cruceña».

Un clima enrarecido desde el domingo

Los incidentes violentos en el Concejo Municipal escalaron la tensión entre la Alcaldía y los cívicos. El Comité acusa a Fernández de evadir responsabilidades y proteger a los implicados, mientras el Municipio tilda la resolución de «partidista».

La pelota está en el tejado del alcalde

La presión social aumenta para que Fernández depure su equipo y aclare su postura. La credibilidad institucional y la respuesta judicial determinarán el rumbo de esta crisis.