Justicia anula orden de aprehensión contra Evo Morales por caso de trata
El precandidato Samuel Doria Medina exige que Morales «rinda cuentas». La decisión judicial se conoció este 30 de abril de 2025, tras una investigación iniciada en 2024 por presunta trata de personas. Doria Medina denuncia «maniobra política» para habilitar al expresidente.
«La justicia llega, pero Morales debe enfrentarla»
El empresario y precandidato Samuel Doria Medina afirmó que «los bolivianos estamos convencidos de que Evo Morales tiene que rendir cuentas ante la justicia». Su declaración responde a la anulación de la orden de aprehensión contra el expresidente, vinculada a un caso de trata de personas. La Fiscalía de Tarija había emitido la orden en septiembre de 2024, acusando a Morales de tener una hija con una menor durante su mandato.
Acusaciones de parcialidad y maniobras políticas
Doria Medina cuestionó la decisión judicial, sugiriendo que hubo «una maniobra política para favorecer a Morales», quien buscaría su habilitación electoral. «Más parece una maniobra, pero eso no exime su responsabilidad», insistió. Exigió que la investigación continúe con «imparcialidad» y que se evite la intervención de jueces afines al Chapare, región bastión del expresidente.
Reacción legal y próximos pasos
El abogado Nelson Cox confirmó que la orden de aprehensión y la declaración en rebeldía fueron anuladas. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura anunció una investigación a la jueza que tomó la decisión. Doria Medina insistió en que Morales debe «someterse a la justicia», independientemente de los plazos.
Un caso que resurge en año electoral
El caso se remonta a 2024, cuando la Fiscalía de Tarija vinculó a Morales con un presunto delito de trata. La acusación generó polarización, especialmente en el trópico de Cochabamba, región donde el expresidente mantiene influencia. La anulación ocurre en un contexto clave: Morales busca habilitarse para las elecciones generales.
¿Justicia o estrategia?
El desenlace judicial reaviva el debate sobre la independencia de las instituciones en Bolivia. Mientras Doria Medina y sus aliados ven una «irregularidad», los seguidores de Morales celebran la decisión. El caso podría definir no solo el futuro legal del expresidente, sino también el panorama político previo a los comicios.
