Florida arresta a 1.100 inmigrantes en operativo récord

Florida realizó el mayor operativo migratorio de su historia, deteniendo a 1.100 inmigrantes, el 63% con antecedentes penales. La operación contó con apoyo federal.
unitel.bo
Dos agentes de policía deteniendo a un individuo frente a una camioneta roja.
Agentes de policía llevan a cabo una detención en la parte trasera de una camioneta roja.

Florida arresta a 1.100 inmigrantes en el mayor operativo de su historia

El 63% de los detenidos tenía antecedentes penales. La operación «Marea Negra» se realizó del 21 al 26 de abril con apoyo de siete agencias estatales y federales. Es la mayor cifra de arrestos en una semana para ICE en un solo estado.

«Un modelo para otros estados»

La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, destacó que el operativo marca un récord histórico y espera que la colaboración con Florida sirva de ejemplo. Participaron la DEA, el FBI y la ATF, entre otros. «El éxito prueba nuestro compromiso», afirmó el gobernador Ron DeSantis.

Origen de los detenidos

Según ICE, 437 eran guatemaltecos, 280 mexicanos y 153 hondureños, seguidos por venezolanos (48), salvadoreños (24) y otros 178 de diversas nacionalidades. DeSantis propuso usar a la Guardia Nacional como jueces de inmigración para acelerar deportaciones.

Florida, laboratorio de políticas duras

En febrero, el estado aprobó leyes que facilitan la aplicación de la agenda migratoria de Trump, endurecen penas para indocumentados y permiten a la policía cuestionar el estatus legal. Críticos denuncian perfiles raciales, como el arresto erróneo de un ciudadano estadounidense en marzo.

Un precedente controvertido

Florida lidera desde 2023 medidas restrictivas contra la migración irregular, incluyendo transporte forzoso de migrantes y sanciones a funcionarios que no colaboren con ICE. El operativo refleja la prioridad del gobierno estatal en control migratorio, pese a las controversias por derechos civiles.

Sin audiencias para deportados

DeSantis defendió que inmigrantes con órdenes de deportación no requieren procesos adicionales, rechazando críticas por falta de garantías. El estado busca ampliar su rol en detenciones y expulsiones, aunque organizaciones advierten riesgos de arbitrariedades.