Gobierno de EE.UU. insta a inmigrantes indocumentados a auto-deportarse
Tom Homan, coordinador fronterizo de la Casa Blanca, advirtió que quienes no se registren enfrentarán multas y procesos penales. La medida busca acelerar las deportaciones, cuyas cifras mensuales aún están por debajo de las registradas bajo la administración Biden.
«No pueden esconderse»: advertencia directa desde la Casa Blanca
Tom Homan declaró el 28 de abril de 2025 que todos los inmigrantes indocumentados deben registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y portar documentación. Quienes incumplan o no actualicen su dirección serán procesados penalmente. Además, aquellos con orden de deportación definitiva recibirán multas diarias de hasta 998 dólares si permanecen en el país.
Cifras y estrategias en la frontera
Homan destacó que 139.000 migrantes han sido deportados desde el 20 de enero, aunque las cifras mensuales aún no superan las de la era Biden. Aseguró que los arrestos y detenciones de ICE han aumentado, pero reconoció dificultades para deportar a personas fuera de la frontera. «Trump es víctima de su propio éxito: los cruces ilegales bajaron, pero eso reduce las deportaciones rápidas», explicó.
Órdenes ejecutivas y polémicas
La secretaria de prensa Karoline Leavitt anunció que Trump firmará dos órdenes ejecutivas: una para «liberar a las fuerzas del orden» y otra contra las «ciudades santuario». Homan también defendió la deportación de niños ciudadanos estadounidenses junto a sus padres: «Fue decisión de los padres, no del gobierno», afirmó, pese a las críticas.
Un contexto de promesas incumplidas
La administración Trump enfrenta obstáculos para cumplir su meta de deportaciones masivas: falta de fondos del Congreso, tribunales de inmigración saturados y la complejidad de arrestos en el interior del país. En 2024, bajo Biden, la mayoría de deportaciones fueron de personas detenidas en la frontera, un proceso más ágil.
¿Multas o deportaciones? El camino por delante
La estrategia combina presión legal y psicológica para incentivar la auto-deportación, aunque su impacto real dependerá de la capacidad operativa. Las nuevas órdenes ejecutivas y el enfoque en ciudades santuario marcarán el próximo capítulo de esta política.
