Informe revela 915 vulneraciones a libertades fundamentales en Bolivia en 2024
Unitas denuncia que el 57% de los casos afectaron a la institucionalidad democrática. El estudio, presentado este miércoles en Santa Cruz, alerta sobre corrupción y agresiones a periodistas. Los principales responsables son autoridades estatales y policiales.
«Una radiografía profunda en año electoral»
La directora de UNITAS, Mila Reynolds Brun, calificó el informe como «una herramienta para identificar patrones de vulneración» en un contexto de «tensiones políticas y discursos polarizantes». Los datos comparan 2024 con los tres años anteriores, destacando un aumento en corrupción y debilitamiento judicial.
Detalles de las vulneraciones
El reporte clasifica 525 casos contra la institucionalidad (57%), incluyendo 282 actos contrarios a derechos y 70 de acoso político. En libertad de prensa (150 casos), sobresalen 42 agresiones físicas a periodistas y 30 impedimentos de acceso a información. La Policía Boliviana aparece como segundo agente vulnerador (114 casos).
Corrupción: un «patrón estructural»
El documento subraya que la corrupción, junto al «incumplimiento de procesos en elección de autoridades» (27 casos), erosiona la democracia. También señala conflictividad en el Legislativo y falta de independencia judicial, con 22 casos atribuidos a autoridades de este poder.
Metodología y recomendaciones
El Observatorio de UNITAS usó el método ‘Monitor Civicus’, cruzando datos de prensa, redes sociales y denuncias. Propone mecanismos transparentes para designar autoridades y protección integral para periodistas, tras documentar 11 casos de criminalización y 11 de estigmatización a comunicadores.
Un escenario en deterioro
El estudio evidencia un agravamiento de las libertades desde 2021, con actores estatales (140 casos) como principales infractores. Los municipios registraron 44 vulneraciones, mientras que particulares sumaron 53.
Un llamado a actuar antes de las elecciones
El informe llega en un año electoral clave, destacando riesgos para la democracia. Sus hallazgos obligan a replantear garantías institucionales y de prensa, sin mencionar avances concretos hasta la fecha.
