TSE descarta necesidad de aprobar ley de preclusión electoral
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) asegura que el principio de preclusión ya está garantizado por la ley vigente y un acuerdo con el Órgano Judicial. La medida buscaba blindar las elecciones generales, pero su trámite legislativo se estancó por desacuerdos políticos.
«La ley 018 ya lo establece, no hay urgencia»
El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, explicó que el artículo 2 de la ley 018 recoge el principio de preclusión, que impide impugnaciones posteriores a resultados electorales. «Con el compromiso del Tribunal Constitucional, ya no hace falta aprobar el proyecto», afirmó. La iniciativa llevaba dos meses paralizada en la Asamblea Legislativa, donde oficialistas y opositores se acusaron mutuamente de bloqueo.
Impacto en el empadronamiento
La demora legislativa afectó la contratación de personal para el empadronamiento en el exterior. Hassenteufel reconoció «pequeños atrasos» en 33 países por falta de divisas, pese a que el gobierno de Luis Arce aseguró haber garantizado los fondos. «Los consulados cooperan y resolveremos los problemas logísticos», añadió.
Un acuerdo que no avanzó
El 17 de febrero, el TSE logró un compromiso con los órganos Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos para agilizar cinco proyectos electorales. Ninguno fue aprobado en dos meses, lo que generó críticas por la posible repetición de irregularidades como las ocurridas en los comicios judiciales.
Elecciones bajo un marco existente
El TSE insiste en que las elecciones generales se realizarán con la normativa actual, aunque el proyecto de preclusión buscaba reforzar seguridad jurídica. La falta de consenso legislativo y los retrasos en el empadronamiento marcan el proceso, mientras el organismo confía en resolver los obstáculos operativos.
Sin divisas, pero con plazos
El contexto refleja tensiones entre el gobierno y el TSE por la financiación del proceso electoral, especialmente para el registro de votantes en el exterior. Pese a las críticas por demoras, el tribunal mantiene que los comicios se desarrollarán en las 100 ciudades previstas.
Todo listo, pero con ajustes
El TSE descarta riesgos legales ante la ausencia de la nueva ley, pero deberá sortear desafíos logísticos y financieros para garantizar la participación, especialmente de la diáspora boliviana. El acuerdo con el Órgano Judicial se perfila como el principal respaldo institucional.
