Tribunal Agroambiental ratifica protección del jaguar y defensores ambientales
La resolución incluye 12 medidas para conservar el hábitat del felino y garantizar la seguridad de activistas. El fallo confirma la pausa ecológica de 2024 y ordena acciones a ministerios y autoridades. La demanda fue presentada en febrero por la diputada María René Álvarez.
«Una sentencia con colmillos para proteger la biodiversidad»
El Tribunal Agroambiental, presidido por Cristian Méndez, emitió un fallo histórico tras una audiencia con participación de la sociedad civil. Las medidas abarcan desde la prohibición de quemas hasta la creación de un fondo nacional para la conservación del jaguar. «El objetivo es frenar el biocidio y el tráfico ilegal en el Área Natural San Matías», señaló la diputada Álvarez.
Protección a defensores ambientales
La resolución ordena a siete instituciones estatales garantizar la seguridad de ocho activistas, incluida la diputada Álvarez y el guardaparques Marcos Uzquiano. Deben implementar medidas en 10 días hábiles contra amenazas a su integridad. Además, exige un plan nacional de protección con enfoque de género e intercultural en 30 días.
Acciones concretas para el jaguar
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá actualizar en seis meses el estatus de conservación del jaguar en el Libro Rojo y elaborar un plan decenal para su protección. Se ratifica la «pausa ecológica» para quemas y actividades extractivas en áreas protegidas, basada en un decreto de 2024. También se prohíben nuevas autorizaciones de quema.
De los incendios a los tribunales
La demanda surgió el 4 de febrero de 2025, cuando la diputada Álvarez denunció biocidio en San Matías. La organización Alas Chiquitanas, creada tras incendios forestales hace cinco años, apoyó la causa. El jaguar, símbolo de la Amazonía, enfrenta amenazas por tráfico ilegal y pérdida de hábitat.
Un futuro tejido con huellas de jaguar
El fallo establece plazos cortos para acciones clave, como la guía interinstitucional contra el tráfico de vida silvestre (120 días) o la actualización curricular escolar. Su impacto dependerá de la coordinación entre instituciones y la vigilancia ciudadana. La diputada Álvarez ya denunció intentos de boicot a estas medidas.
