Minnesota demanda a Trump para bloquear veto a deportistas trans
El fiscal Keith Ellison presenta una demanda preventiva contra la orden ejecutiva que prohíbe a personas transgénero competir en deportes femeninos. El conflicto surge tras amenazas de recortar fondos federales. Minnesota defiende sus leyes locales de protección LGBTQ+ vigentes desde 1993.
«No venderemos a los niños trans por complacer a Trump»
El fiscal general demócrata Keith Ellison acusó al presidente Trump de «acosar a niños vulnerables» con sus órdenes ejecutivas. La demanda, presentada el 22 de abril en Minnesota, busca anular dos decretos que condicionan fondos educativos a la exclusión de atletas trans. «Violan la separación de poderes y el Título IX», argumenta el texto.
El pulso legal se intensifica
La administración Trump demandó primero a Maine la semana pasada, advirtiendo que Minnesota y California serían próximos. Ellison anticipó la acción federal para proteger la ley estatal, que desde 2023 convierte al estado en refugio para menores trans. La fiscal general Pam Bondi no ha respondido a la demanda.
«Deportes justos» vs. derechos trans
La portavoz republicana Lisa Demuth tachó la demanda de «desperdicio de dinero público» y defendió excluir a «varones biológicos» de competiciones femeninas. Frente a esto, la legisladora trans Leigh Finke respondió: «Solo pedimos vivir en paz». Médicos locales destacaron que las atletas trans representan menos del 1% de participantes y no suponen riesgos.
Minnesota, un bastión progresista
El estado protege los derechos trans desde 1993 bajo su Ley de Derechos Humanos. En 2023, amplió estas garantías como refugio para familias que huyen de restricciones en otros estados. El Título IX federal, que prohíbe discriminación por sexo en educación, es la base legal de la disputa.
Una batalla con réplicas nacionales
El caso podría sentar precedente para otros estados con leyes similares. Mientras la Casa Blanca mantiene su postura, Minnesota insiste en que sus valores «no son negociables». El fallo judicial determinará si las órdenes ejecutivas federales prevalecen sobre las normativas locales.
