El Tribunal Supremo de EE.UU. estudia permitir que padres excluyan a hijos de lecturas LGBTQ+
La mayoría de los jueces mostró inclinación a favor del «opt-out». Padres religiosos demandaron a un distrito escolar de Maryland por negarles ese derecho. El caso enfrenta libertad religiosa con políticas de inclusión educativa.
«Padres vs. escuelas: la batalla por el control moral»
Un grupo de padres musulmanes, cristianos y judíos demandó al Distrito Escolar de Montgomery (Maryland) tras eliminar la opción de excluir a sus hijos de lecciones con temática LGBTQ+. «Es adoctrinamiento», alegó su abogado, Eric Baxter. El distrito argumenta que la exposición a ideas diversas no viola derechos religiosos.
El debate judicial
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas respaldaron el argumento de coerción religiosa. Alito citó el libro «Uncle Bobby’s Wedding» (sobre un matrimonio homosexual) como ejemplo de «mensaje moral controvertido». Las progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson cuestionaron si la mera exposición constituye coerción.
Postura del distrito escolar
El abogado Alan Schoenfeld defendió que retirar los «opt-out» fue por razones logísticas, no ideológicas. Reveló que las ausencias masivas complicaban la gestión. «La exposición a ideas opuestas no limita el libre ejercicio religioso», insistió, recordando que sí se permiten exclusiones en educación sexual o festividades.
Maryland, entre la tradición y la diversidad
El caso surge en un estado fundado en libertad religiosa, según destacó el juez Brett Kavanaugh. El distrito había impulsado políticas de inclusión con personajes LGBTQ+ y multiculturales. Previamente permitió exclusiones, pero las suspendió por su «impacto disruptivo» en las aulas.
Un fallo con ramificaciones nacionales
La decisión del Tribunal Supremo podría definir hasta qué punto las escuelas públicas deben acomodar objeciones religiosas a contenidos LGBTQ+. El distrito advierte que extender los «opt-out» a interacciones cotidianas sería inviable, mientras los padres insisten en su derecho a «proteger valores familiares».