Soboce interpone amparo contra fallo que la obliga a pagar 744 millones a Fancesa
La cementera alega «abuso judicial» y riesgo para la seguridad jurídica. La empresa privada denuncia que el fallo busca consolidar un «monopolio» de Fancesa en el sector. El conflicto surge por un préstamo de 35 millones de bolivianos ya pagado, según Soboce.
«Un precedente alarmante para Bolivia»
Soboce presentó una Acción de Amparo Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la obliga a pagar 744 millones de bolivianos a Fancesa. La empresa afirma que el proceso judicial estuvo plagado de «innumerables atropellos» y que el fallo «vulnera sus derechos fundamentales».
El origen del conflicto
La disputa surge por un préstamo de 35 millones de bolivianos que Soboce obtuvo cuando era accionista de Fancesa. La cementera asegura que liquidó la deuda con sus propios recursos, pero el TSJ determinó que el monto debía transferirse a Fancesa por las acciones en garantía. Soboce tilda el argumento de «ilegítimo y sin base legal».
Impacto económico y social
La empresa advierte que el fallo afecta a 1.500 empleos directos y más de 200 mil indirectos, además de poner en riesgo su operación tras «100 años contribuyendo al país». Acusa a Fancesa de buscar un «monopolio del cemento» mediante «manipulación judicial» y critica el uso del concepto «daño al proyecto de vida», que considera inaplicable a una empresa.
Fancesa: ¿víctima o beneficiaria?
Soboce insiste en que Fancesa «nunca dejó de ser rentable» durante el período en disputa y atribuye la demanda a la «ineficiencia de su actual administración». Según su comunicado, la fábrica estatal ha sido «mal utilizada en detrimento de Chuquisaca», y el fallo sería un intento de ocultarlo.
Un conflicto con raíces profundas
El TSJ emitió su sentencia definitiva en febrero de 2025, tras un largo proceso judicial. Fancesa, representada por el abogado Paul Tolavi, sostiene que Soboce busca «retrasar el pago obligatorio». La disputa refleja tensiones históricas entre empresas públicas y privadas en sectores estratégicos bolivianos.
La justicia constitucional tendrá la última palabra
El Amparo presentado por Soboce marca un punto crítico en el conflicto. Su resolución definirá no solo el futuro de ambas empresas, sino también el marco legal para inversiones privadas en Bolivia. El caso podría sentar un precedente sobre los límites de la interpretación judicial en disputas comerciales.
