ABT autoriza desmonte de 36.000 hectáreas en Roboré pese a protección ambiental

La deforestación afecta al 58% del Valle de Tucabaca, zona de uso forestal protegido. Privados y comunidades menonitas impulsan el cambio de suelo para monocultivos, según denuncia el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca. La ABT no respondió a las consultas de EL DEBER.

«Legalidad perforada por intereses agroindustriales»

La investigación revela que 21.000 hectáreas desmontadas en Roboré corresponden a áreas clasificadas como Uso Forestal y Ganadería Reglamentada, donde solo se permiten actividades sustentables. El 65% de los permisos benefició a predios privados, principalmente para agroindustria, mientras que comunidades menonitas e interculturales concentran el 31%.

Mecanismos de desmonte irregular

Los Planes de Desmonte (PDM) y PDM20 se usaron para fragmentar solicitudes y evitar controles. «La microcaracterización, que debería ser excepcional, se ha normalizado para justificar desmontes en zonas no aptas», denunció Eder Santiváñez del Movimiento Tucabaca. La ABT de Roboré autorizó el 63% de los permisos, pese a denuncias previas por irregularidades.

Impacto hídrico y derechos indígenas

Jhovana Morales, abogada de Fundación Tierra, señaló que los desmontes violan franjas de protección de ríos, afectando la cuenca del Tucabaca. Comunidades indígenas denuncian que menonitas «bloquean el acceso al río y deforestan por intereses económicos», según la cacique María Rosario Rodas Surubí.

Un ecosistema bajo fuego cruzado

Roboré tiene vocación forestal y alberga el Refugio de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, donde se autorizaron desmontes en 1.550 hectáreas. El informe detectó quemas ilegales y chaqueos en áreas protegidas, agravando sequías. En 2023 se alcanzó un récord de 10.000 hectáreas autorizadas.

Cuando el papel no protege el bosque

La Ley 300 de la Madre Tierra y el PLUS de Santa Cruz establecen salvaguardas ambientales, pero la ABT ha aprobado desmontes en tierras fiscales sin títulos de propiedad, como en Sabinal, donde colonias menonitas se asientan ilegalmente. En 2024, ya ardieron 10.000 hectáreas en esta zona.

Secuelas que ya se sienten

Mauro Mendoza, de la Cooperativa de Agua de Santiago de Chiquitos, confirmó racionamientos hídricos por la degradación del Valle de Tucabaca. El 4% de los desmontes ocurrió en quebradas clave para la recarga acuífera, según el informe.

Un Estado que mira hacia otro lado

La ABT no fiscaliza quemas ilegales pese a las denuncias. «Autorizan con facilidad, pero no controlan. Se recauda, pero no se protege», concluyó el Movimiento Tucabaca. En 2024, un tribunal agroambiental aceptó una demanda contra el director de la ABT por daños ambientales.