Encuesta revela apoyo creciente a arrestar a personas sin hogar en California
El 37% de los votantes respalda detenciones si rechazan refugio. La frustración por la crisis de personas sin hogar impulsa un giro en las políticas, según una encuesta de POLITICO y UC Berkeley. El tema es prioritario para el 58% de los californianos.
«La paciencia se agota»: respaldo a medidas duras
La encuesta muestra que el 37% de los votantes apoya arrestar a personas que acampan en espacios públicos si rechazan albergue, mientras otro 24% está «algo de acuerdo». Solo el 38% se opone. «Los californianos tienen razón en estar frustrados», afirma Jason Elliott, exasesor del gobernador Gavin Newsom. La crisis es considerada el principal problema del estado.
División entre líderes y votantes
Mientras el 45% de los influyentes políticos se opone al uso de la fuerza policial, ciudades como San José, Fresno y Fremont aplican normas más estrictas. El alcalde Matt Mahan defiende que «el sistema judicial es la única herramienta» para ayudar a personas con adicciones graves. Tras un fallo de la Corte Suprema en 2024, los desalojos aumentaron.
De la caridad a la coerción
California ha gastado miles de millones en abordar el problema, pero la visibilidad de las personas sin hogar persiste. El 65% de los líderes políticos y el 58% de los votantes coinciden en que es la prioridad. Sin embargo, las propuestas estatales, como una ley para prohibir sanciones penales por «actos de supervivencia», generan controversia.
Un problema que no se esconde
Con la población de personas sin hogar más grande de EE.UU. y costos de vivienda récord, California lleva años buscando soluciones. El fallo Grants Pass v. Johnson (2024) permitió a las ciudades prohibir acampadas, pero sin consenso sobre cómo aplicarlo. Newsom impulsa desalojos, pero evita políticas de arrestos masivos.
¿Hacia un cambio de estrategia?
La encuesta refleja una demanda ciudadana por acciones más contundentes, aunque las élites políticas prefieren enfoques asistenciales. Con elecciones clave en 2026, la presión para reducir la visibilidad del problema podría alterar el debate. Los resultados dependen de cómo las ciudades implementen las normas.
