Juez conservador critica la deportación ilegal de Kilmar Abrego García
Un tribunal federal condena la actuación «escandalosa» del Gobierno de Trump. El fallo judicial exige repatriar al ciudadano deportado erróneamente a El Salvador. La decisión amplía las críticas al incumplimiento de órdenes judiciales en casos migratorios.
«Un ataque a las bases del orden constitucional»
El juez J. Harvie Wilkinson, del Tribunal de Apelaciones del 4° Circuito, denunció que el Gobierno «oculta a residentes en prisiones extranjeras sin debido proceso». En su opinión, calificó de «escandaloso» que la Administración Trump alegue impotencia para corregir su error. «¿Por qué no enmendar lo que hizo mal?», cuestionó.
Antecedentes del caso
Kilmar Abrego García, residente en Maryland, fue deportado a El Salvador en 2025 pese a una orden judicial de 2019 que lo prohibía. El Supremo ya declaró ilegal su expulsión, pero el Gobierno no ha tomado medidas concretas para repatriarlo, argumentando falta de jurisdicción.
Una escalada de tensiones entre poderes
Wilkinson, juez conservador con 41 años en el cargo, advirtió que la actitud del Ejecutivo erosiona el equilibrio institucional. «Si hoy ignora órdenes judiciales, ¿qué impedirá que mañana deporte a ciudadanos estadounidenses?«, escribió. La crítica se suma a otras recientes, como la del juez Boasberg, que halló causa para un desacato por deportaciones ilegales.
Repercusión ciudadana
La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, exigió justicia en una rueda de prensa en Maryland. El caso evidencia los riesgos para migrantes bajo políticas agresivas, según organizaciones como CASA, que apoyan a la familia.
Un precedente peligroso
El fallo subraya que la deportación se produjo pese a conocerse el riesgo de que Abrego García fuera blanco de pandillas en El Salvador. Wilkinson vinculó el caso con el discurso político de Trump contra jueces, alertando de un conflicto institucional «que debilita a ambos poderes».
Justicia en punto muerto
El tribunal ordenó al Gobierno facilitar el retorno de Abrego García «lo antes posible», pero la respuesta sigue pendiente. La jueza Xinis inició una investigación de dos semanas sobre el incumplimiento, mientras la presión judicial aumenta sobre la Administración.
