Abogada de Zúñiga niega que su cliente conociera a supuesto gabinete golpista
La defensa del excomandante desmiente las acusaciones del Gobierno sobre un gabinete planeado. La abogada afirmó que su cliente desconocía a los implicados. El ministro Del Castillo presentó un documental con los supuestos colaboradores del intento de golpe de 2024.
«Nunca hubo un gabinete imaginario»
Silvia Tapia, abogada del general Juan José Zúñiga, declaró que su cliente «quedó sorprendido» al conocer los nombres presentados por el Gobierno como parte de un supuesto gabinete golpista. «Mi defendido nunca planeó un golpe, por lo tanto, tampoco tenía un gabinete», aseguró. Zúñiga está recluido en la cárcel de El Abra por su presunta participación en la asonada militar del 26 de junio de 2024.
Documental gubernamental y órdenes de aprehensión
El 10 de abril, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó un documental donde se exhibía un listado de civiles y militares que supuestamente integrarían un nuevo gobierno bajo Zúñiga. Horas después, se ejecutaron cuatro de cinco órdenes de detención. Entre los detenidos estuvo el abogado Jorge Valda, liberado tras una audiencia, mientras que otros como Bracamontes, Imaña y Tanaka permanecen bajo arresto.
Un caso que sigue dividiendo
El fiscal Torrez señaló que las órdenes de aprehensión y el documental fueron una «coincidencia», mientras la defensa de Zúñiga insiste en que se trata de una «persecución política». La Fiscalía anunció que citará a declarar a los miembros del llamado ‘gabinete civil’ como testigos.
El fantasma del 26 de junio
El intento de golpe de Estado de 2024 marcó un antes y después en la política boliviana. Zúñiga, entonces comandante del Ejército, fue acusado de liderar la asonada, aunque su defensa sostiene que fue un montaje. El Gobierno insiste en que existió una conspiración, mientras los allegados al general denuncian falta de pruebas.
¿Qué pruebas hay realmente?
El caso sigue su curso judicial en medio de versiones contradictorias. Mientras las autoridades presentan documentos y testimonios, la defensa de Zúñiga exige transparencia. La repercusión en la ciudadanía es clara: el debate sobre la veracidad de las acusaciones divide opiniones en un país con una historia reciente de inestabilidad política.
