El Salvador rechaza devolver a deportado erróneamente a EE.UU.
El presidente Nayib Bukele se niega a repatriar a Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño deportado ilegalmente desde Maryland. La Corte Suprema estadounidense ordenó «facilitar» su retorno, pero la administración Trump argumenta que la decisión depende de El Salvador. El caso podría redefinir los límites del poder ejecutivo en deportaciones.
«No lo devolveré, es una pregunta absurda»
En una reunión en el Despacho Oval, Bukele afirmó: «¿Cómo voy a devolverlo? ¿Voy a contrabandearlo? Por supuesto que no». El mandatario salvadoreño, aliado clave de Trump, rechazó la presión judicial estadounidense. Mientras, el presidente Trump delegó en sus asesores la respuesta, en un «esfuerzo orquestado» para mantener una postura firme.
La batalla legal continúa
La jueza Paula Xinis evaluará este martes si el gobierno cumple con la orden de facilitar el retorno de Abrego García. La Corte Suprema podría intervenir nuevamente para aclarar las obligaciones de EE.UU., tras la negativa rotunda de El Salvador. Abogados del deportado citan declaraciones previas de Trump donde parecía admitir su autoridad para exigir la repatriación.
Un precedente peligroso
Expertos legales advierten que el caso podría consolidar un poder ejecutivo sin contrapesos para confinar personas en otros países sin debido proceso. Trump ya ha deportado a cientos de venezolanos y salvadoreños bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, «usada en tiempos de guerra». El gobierno pagó 6 millones de dólares a El Salvador por alojar deportados en su mega-prisión.
El costo humano
Abrego García, esposo y padre de ciudadanos estadounidenses, fue deportado pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía por riesgo de persecución de pandillas. Confirmaron que está vivo, pero recluido en el centro penitenciario salvadoreño, acusado de violencia y hacinamiento. Trump insinuó ampliar las deportaciones y construir más instalaciones similares.
Alianzas y negocios tras las deportaciones
Bukele y Trump discutieron expandir las deportaciones a El Salvador, mientras el exjefe de Blackwater, Erik Prince, propone designar parte de la prisión como «territorio estadounidense» para criminales extranjeros. La administración ya planea enviar más deportados, reforzando un sistema criticado por organizaciones de derechos humanos.
Un acuerdo con consecuencias
El caso surge tras el acuerdo de 2025 entre EE.UU. y El Salvador para encarcelar presuntos pandilleros. Trump deportó masivamente a venezolanos el 15 de marzo, alegando vínculos con la Tren de Aragua. La política migratoria se endurece, priorizando deportaciones rápidas sobre garantías procesales.
El poder ejecutivo vs. los tribunales
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió que «la política exterior la decide el presidente, no un tribunal», mientras el asesor Stephen Miller tachó de «arrogante» exigir a El Salvador cómo tratar a sus ciudadanos. La tensión entre poderes y el impacto en familias binacionales marcan este conflicto.
¿Hasta dónde llegarán las deportaciones?
El caso de Abrego García refleja la escalada de una estrategia migratoria sin precedentes. Mientras Trump y Bukele fortalecen su alianza, las deportaciones masivas y la externalización de prisiones generan debates legales y humanitarios. Los tribunales tendrán la última palabra sobre los límites del poder presidencial.
