Grupos interculturales instalan retén ilegal en predios de San Pedro
ANAPO denuncia que el control arbitrario afecta a 70.000 hectáreas productivas. El puesto, montado el 4 de abril, restringe el acceso a propiedades agrícolas y exige documentación sin autorización estatal. La asociación exige intervención policial y municipal.
«Un obstáculo ilegal en plena actividad agropecuaria»
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) alertó que grupos autoidentificados como «interculturales» instalaron una tranca en un camino vecinal del municipio cruceño de San Pedro. «Usurpan funciones de la Policía y Aduana al exigir cédulas y datos vehiculares», señala el reporte. El retén opera en la intersección de los predios Santagro, San Rafael e Hacienda Isabela.
Impacto directo en la producción
La medida bloquea el acceso a más de 70.000 hectáreas, incluyendo propiedades como San Cayetano, Río Verde y comunidades campesinas afiliadas a la Federación Única de Campesinos. ANAPO remitió notas a la Alcaldía de San Pedro y al Comando Departamental de la Policía, exigiendo el desmantelamiento del retén y sanciones para los responsables.
Un precedente constitucional en juego
La denuncia subraya que el artículo 76 de la Constitución prohíbe expresamente los controles no estatales. «Estos actos violan la libre circulación y amenazan la seguridad jurídica de los productores», recalca el comunicado. La situación se suma a los avasallamientos reportados previamente en la zona, como el ocurrido en el predio Santagro.
Entre caminos y conflictos
El camino afectado fue construido hace tres décadas por agricultores para conectar predios en San Pedro. La región es clave para la agroindustria cruceña, pero enfrenta tensiones recurrentes por disputas territoriales. En 2024, instituciones reportaron que 90.000 hectáreas permanecían avasalladas en Santa Cruz, según datos citados en el texto.
El reloj corre para los productores
La resolución del conflicto dependerá de la actuación de las autoridades locales y policiales. ANAPO insiste en que la demora agravaría las pérdidas económicas, mientras los afectados no pueden ingresar a sus tierras. El caso refleja los desafíos de garantizar seguridad jurídica en zonas productivas.
