Detienen a abogado y militar retirado por intento de golpe

Jorge Valda y Marco Bracamonte fueron aprehendidos por su presunta participación en el fallido intento de golpe del 26 de junio de 2024, vinculado al general Zúñiga.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Persona con chaqueta azul y jersey verde, de pie delante de una estantería llena de libros.
Un hombre con barba vestido con chaqueta y jersey en una habitación con una estantería de fondo.

Detienen a abogado y militar retirado por supuesto intento de golpe

Jorge Valda y Marco Bracamonte fueron aprehendidos vinculados al caso del general Zúñiga. El Gobierno presentó un documental que los señala como partícipes del fallido intento del 26 de junio de 2024. Las detenciones se realizaron en Santa Cruz y Cochabamba.

«Cinco personas habrían sido vitales para el intento de golpe»

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó que Valda fue detenido por coordinar el discurso del general Zúñiga tras el supuesto golpe. «Su participación fue clave», afirmó. La Policía interceptó al abogado sin placas ni uniforme, según testigos. Bracamonte, otro implicado, fue arrestado en Cochabamba.

Detalles de la operación

Valda fue sustraído de su vehículo por agentes de civil en Santa Cruz y trasladado a La Paz. Su esposa perdió el rastro de la camioneta blanca sin identificación. El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra tres personas en total, incluido Bracamonte.

Reacciones de los señalados

Varios nombres mencionados en el documental gubernamental desmintieron su participación, como Gonzalo Chávez y Jhosua Bellot, quienes denunciaron «persecución judicial». El material audiovisual presenta un supuesto gabinete golpista con analistas y activistas.

Un documental como prueba

El Gobierno difundió un reporte oficial sobre los hechos del 26 de junio de 2024, donde Zúñiga habría planeado tomar el poder. La producción incluye testimonios y documentos que vinculan a los detenidos, aunque algunos acusados niegan los cargos.

Justicia en marcha

Las detenciones marcan un avance en la investigación, pero la polémica sobre las pruebas persiste. Mientras las autoridades aseguran tener fundamentos legales, los defensores de los aprehendidos exigen transparencia en el proceso.