Piratas atacan a pescadores artesanales en la costa norte de Perú
Más de 20 pescadores asesinados en 21 años sin condenas. Bandas ecuatorianas y peruanas extorsionan a comunidades de Tumbes desde 2005. Autoridades no han logrado detener los ataques pese a operativos militares.
«Pagas o mueres»: el terror en el Mar de Grau
Pescadores de Cancas, en la región de Tumbes, denuncian que las bandas piratean embarcaciones, roban equipos y asesinan a quienes se resisten. «Nos dejan varados en el mar. Si regresas… ¡boom!», relata un testigo. Según la Fiscalía, al menos 22 pescadores han muerto desde 2003, pero ningún caso ha sido judicializado.
Extorsión sistemática
Desde hace dos años, los piratas exigen pagos de «protección» (70-100 dólares mensuales) para permitir la pesca. Quienes se niegan son marcados y atacados. «Saben nuestros nombres, rutas y hasta dónde vivimos», explica un líder pesquero bajo anonimato. La Marina peruana ha realizado 515 operativos (2022-2024) sin arrestos.
Fallas estatales y silencio forzado
El alcalde de Canoas de Punta Sal, Javier Pazo, afirma que el gobierno central ignora sus pedidos de ayuda. La Fiscalía de Tumbes asegura que «no hay denuncias registradas en 2024», contradiciendo testimonios locales. Oceana Perú critica la falta de estrategia integral contra este crimen transfronterizo.
Complicidad y desprotección
En 2018 se desarticuló la banda «Puertos Pizarro», pero la mayoría de detenidos están libres. Pescadores acusan a miembros de la Guardia Costera y policías de filtrar información a los piratas. «No confiamos en las autoridades», admite un sobreviviente con heridas de bala.
Una crisis con raíces en la frontera
El problema se agravó en 2005 con la llegada de bandas ecuatorianas, donde la piratería es recurrente. La ubicación de Tumbes —a tres horas de Ecuador— facilita la huida de los atacantes. En Perú, la escasez de patrullas navales y la impunidad perpetúan la violencia.
El miedo sigue al mando
Pese a las movilizaciones sociales y reclamos formales, los pescadores siguen pagando extorsiones para trabajar. La Marina destina 33 millones de soles (8 millones de dólares) a vigilancia marítima, pero sin resultados visibles. Mientras, las bandas operan con total impunidad en una de las zonas más biodiversas del Perú.
