Gobierno reactiva caso Zúñiga tras difundir documental sobre intento de golpe
Cinco órdenes de aprehensión se emitieron contra civiles señalados como «gabinete civil». El Ministerio de Gobierno presentó pruebas en un video que vincula a analistas y activistas con los hechos del 26 de junio de 2024. Los señalados denuncian persecución política.
«El documental que reabrió la investigación»
El ministro Eduardo Del Castillo presentó el jueves el documental «¿Qué pasó el 26J en Bolivia?», basado en investigaciones de la Fiscalía y la Policía. El video de 1h24min describe el intento de golpe contra Luis Arce y menciona por primera vez a un supuesto «gabinete civil» con analistas, abogados y dirigentes.
Las pruebas y los señalados
Se mostró un chat atribuido al activista Fernando Hamdan (detenido desde julio 2023) con una lista de 10 personas, entre ellos economistas como Gonzalo Chávez, el abogado Jorge Valda (ya detenido) y el precandidato Jaime Dunn. El video no exhibe el documento original, sino una infografía con los nombres.
«Aprehensiones y denuncias de persecución»
Valda fue interceptado en Santa Cruz y trasladado a La Paz. El general retirado Marco Bracamonte también fue detenido en Cochabamba. Del Castillo confirmó cinco órdenes de aprehensión, pero negó que Dunn tuviera una. Los señalados como Chávez, Dunn y el analista Paul Coca rechazaron vínculos con el caso y hablaron de «cacería de brujas».
Reacciones de los implicados
Jaime Dunn denunció que buscan crear «perseguidos políticos», mientras Ana María Morales (abogada) aseguró que su inclusión fue un error. El ministro insistió en que las acciones se basan en investigaciones fiscales y no son persecución.
Un caso que resurge en año electoral
El intento de golpe del 26J fue investigado inicialmente en 2024, vinculando a militares y civiles. El analista Carlos Valverde sugirió que el Gobierno busca reforzar su narrativa de fortaleza ante la campaña electoral, especialmente tras la precandidatura de Dunn.
¿Persecución o justicia?
Mientras la Fiscalía avanza con las detenciones, los señalados exigen pruebas concretas. El conflicto polariza el escenario político, con acusaciones cruzadas sobre uso instrumental del caso. Su impacto en la opinión pública dependerá de la transparencia del proceso.
