Senador Wyden bloquea nominación de director de CISA por informe oculto
El demócrata exige la publicación de un informe sobre fallos de seguridad en telecomunicaciones. La medida retrasa la designación de Sean Plankey como líder de la agencia de ciberseguridad estadounidense. Wyden denuncia un «encubrimiento» de vulnerabilidades que facilitaron hackeos chinos.
«Un encubrimiento con consecuencias reales»
El senador Ron Wyden, miembro del Comité de Inteligencia, bloqueó la nominación de Plankey para dirigir la CISA hasta que se haga público un informe clasificado de 2022. El documento detalla «debilidades en la red telecom estadounidense», según declaraciones confirmadas por su portavoz. Wyden asegura que el ocultamiento permitió hackeos del grupo chino Salt Typhoon en 2024.
El informe bajo llave
El reporte, redactado por la CISA, fue leído por el equipo de Wyden pero nunca publicado. El senador solicitó su divulgación al exdirector Jen Easterly y al entonces presidente Biden, sin éxito. «Contiene información técnica que el público tiene derecho a conocer», insistió Wyden. La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios.
Fallas que aprovecharon los hackers
Wyden vinculó el informe con los hackeos de Salt Typhoon, que interceptaron llamadas de altos funcionarios estadounidenses. Criticó la «negligencia de las operadoras» por no seguir prácticas básicas de ciberseguridad y la inacción de agencias federales. En 2024, propuso una ley para exigir estándares mínimos de protección a las telefónicas.
Antecedentes: Un sistema bajo asedio
EE.UU. enfrenta crecientes amenazas cibernéticas, especialmente de grupos vinculados a China. Los hackeos a telecomunicaciones, como los de Salt Typhoon, expusieron la falta de regulación estricta en el sector. La CISA, creada en 2018, es clave en la protección de infraestructuras críticas, pero su transparencia ha sido cuestionada.
Un pulso con repercusiones
El bloqueo de Wyden retrasa la dirección de la CISA en un momento de alta tensión geopolítica. La publicación del informe podría aumentar la presión sobre las operadoras y reabrir el debate sobre estándares obligatorios de ciberseguridad. La Casa Blanca deberá decidir entre ceder o mantener el documento reservado.
