Plataforma exige que mineros paguen por uso y contaminación del agua

La PBFCC propone reconocer el agua como sujeto de derechos y regular actividades mineras para garantizar acceso equitativo. Presentarán proyecto de ley en 2025.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Grupo de personas sentadas en una mesa durante un evento con un fondo decorativo.
Participantes de un evento discuten temas relacionados con la Ley del Agua en Bolivia.

Plataforma exige que mineros paguen por uso y contaminación del agua

La PBFCC propone reconocer el agua como sujeto de derechos. Conclusiones del taller macroregional en La Paz buscan regular actividades mineras y garantizar acceso equitativo. Presentarán proyecto de ley a mediados de 2025.

«Las mineras deben asumir costos ambientales»

El investigador Otto Colpari (PBFCC) destacó que las empresas mineras deben pagar por el uso del agua y resarcir daños a comunidades afectadas. «No se prohíbe la minería, pero exigimos sanciones y responsabilidad social», afirmó. También pidieron informes oficiales sobre contaminación por mercurio en indígenas y ecosistemas.

Cuatro mesas, una prioridad

Las propuestas incluyen: – Reconocer el agua como sujeto de derechos (Mesa 1), con acuíferos como áreas protegidas. – Prohibir su uso en actividades contaminantes (Mesa 2) y garantizar acceso equitativo (Mesa 3). – Crear un ente multiactor para regular el recurso, integrando sociedad civil y Estado (Mesa 4).

Agua con derechos, no solo recurso

Juan Carlos Alarcón (PBFCC) explicó que el nuevo enfoque busca garantizar la regeneración natural del agua, actualmente amenazada por contaminación y reducción de fuentes. «Afecta a humanos, fauna, flora y actividades agrícolas», subrayó.

Un reclamo con historia

Bolivia enfrenta conflictos por contaminación minera y acceso desigual al agua, especialmente en zonas rurales. La actual AAPS regula el servicio, pero sin enfoque ambiental. Comunidades indígenas llevan años denunciando daños por mercurio en ríos.

El siguiente paso: la ley

La PBFCC prepara un proyecto normativo para presentar a la Asamblea Legislativa a mediados de año. Su éxito dependerá del debate entre sectores mineros, Estado y comunidades.