Gobernación cruceña amplía protección hídrica en Lomas de Arena

La Gobernación de Santa Cruz amplía la zona protegida de Lomas de Arena a 702,98 hectáreas para garantizar la recarga de acuíferos que abastecen a más de 3 millones de personas.
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Vista aérea de un paisaje rural con caminos de tierra y vegetación dispersa.
Fotografía aérea que muestra un área rural con caminos de tierra y vegetación verde dispersa.

Gobernación cruceña amplía zona de protección hídrica en Lomas de Arena

La nueva resolución protege 702,98 hectáreas y 1.445 puntos georreferenciados. La medida, aprobada el 1 de abril de 2025, busca garantizar la recarga de acuíferos para más de 3 millones de personas en Santa Cruz de la Sierra.

«Un paso clave para conservar el agua»

La Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible, Ana Patricia Suárez, anunció que la Resolución 004/2025 amplía el área protegida de 661,8 a 702,98 hectáreas. «Instruimos a los municipios y propietarios cumplir la Ley 755 para proteger esta zona», declaró. La medida refuerza una pausa ambiental vigente desde hace dos años, prohibiendo asentamientos ilegales.

Protección contra invasiones

Según el informe del SEARPI, la zona había sufrido ocupaciones irregulares para construcción de viviendas, poniendo en riesgo los acuíferos. La Asamblea Legislativa Departamental ya tenía tutela legal sobre el área, pero la nueva resolución amplía los límites de conservación.

Agua para millones

Las Lomas de Arena son claves para la recarga hídrica de la región metropolitana. La Gobernación destacó que la medida beneficiará directamente a la población urbana, que depende de estos acuíferos para su suministro.

Una lucha de años

La zona había sido objeto de conflictos por invasiones y presiones urbanísticas. En gestiones anteriores, se emitieron resoluciones para frenar asentamientos, pero esta es la primera ampliación concreta del área protegida.

Un futuro más seguro para el agua

La resolución consolida la protección legal de un ecosistema vital. Su éxito dependerá del control de invasiones y la coordinación entre la Gobernación, municipios y propietarios privados.