Tráfico de tierras en Bolivia: Kailasa y avasalladores

Grupos armados y permisos irregulares ocupan reservas naturales y territorios indígenas en Bolivia, con denuncias de corrupción y violencia en Santa Cruz.
El Deber
Edificio de ladrillo con una bandera amarilla colgada en la fachada.
Una bandera amarilla con una imagen está colgada en la fachada de una casa de ladrillo rojo.

Kailasa y avasalladores agravan tráfico de tierras en Bolivia

Grupos armados y permisos irregulares ocupan reservas naturales y territorios indígenas. Denuncias judiciales y violencia marcan una década de impunidad en Santa Cruz. Casos como Las Londras, Bajo Paraguá y Otuquis evidencian el colapso de controles estatales.

«Tierras fiscales convertidas en mercancía»

El reportaje de EL DEBER revela que Kailasa negoció medio millón de hectáreas con cláusulas contrarias a la CPE, incluyendo derechos a perpetuidad sobre recursos y espacio aéreo. La diputada María René Álvarez denunció ante la Fiscalía «organización criminal» en estos acuerdos con pueblos indígenas.

Violencia y corrupción institucionalizada

En Las Londras (2021), avasalladores armados secuestraron a siete periodistas y policías. Cuatro años después, ningún detenido. Empresas inmobiliarias cotizan el área a $6.000 por hectárea, mientras avionetas reciben disparos al sobrevolar. En Bajo Paraguá, bomberos fueron bloqueados por grupos armados durante incendios forestales.

Decretos que legalizan el despojo

El Decreto 5202 de Luis Arce (2024) reclasificó 224.000 hectáreas de reservas como Áreas Naturales de Manejo Integrado (ANMI), permitiendo ganadería y agricultura. La Fundación Tierra alertó que esto «legalizó títulos irregulares del INRA». Eulogio Núñez, director del INRA, negó responsabilidad en su gestión.

Antecedentes: Una década de impunidad

Desde 2009, la nueva CPE impulsó las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), pero el 70% de los procesos de saneamiento no concluyeron. Territorios como Monte Verde y Ñembi Guasu sufren invasiones aprovechando incendios. En 2025, Charagua Iyambae ganó un fallo judicial contra el INRA por proteger su biodiversidad.

Cierre: Créditos y resistencia

El INRA solicitó $40 millones al BID para catastros rurales, pero legisladores rechazaron el préstamo, alegando que fomentaría «loteamiento y tráfico de tierras». Mientras, comunidades indígenas exigen acción ante avasallamientos que amenazan su seguridad alimentaria y ecosistemas.