Gobierno boliviano rechaza informe de la ONU sobre detención «arbitraria» de Camacho
El Ejecutivo niega validez al documento que exige la liberación del gobernador cruceño. El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que su arresto violó derechos humanos. El Ministerio de Justicia tachó el informe de «sesgado» y defendió la independencia judicial.
«Una opinión sin fuerza vinculante»
El Gobierno boliviano calificó de «consultivo» el informe del Grupo de Trabajo de la ONU y aseguró que «no está obligado a acatarlo». «No reconocemos su opinión por considerarla parcial y desactualizada», señaló el Ministerio de Justicia. Insistió en que el caso debe resolverse en los tribunales nacionales.
Argumentos oficiales
Destacaron que la CIDH rechazó medidas cautelares a favor de Camacho por «falta de evidencia». El Ejecutivo afirmó respetar la independencia judicial y esperará las resoluciones sobre el proceso vinculado a la crisis política de 2019.
La ONU pide libertad e indemnización
El informe concluyó que la detención de Camacho fue «motivada por su opinión política», violando ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recomendó su liberación inmediata, una indemnización y una investigación independiente.
Fundamento legal
El Grupo de Trabajo señaló que el arresto «silencia reivindicaciones políticas», contraviniendo también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instó al Estado a alinear sus acciones con las normas internacionales.
Un conflicto que arrastra peso histórico
Camacho fue detenido preventivamente en 2023 por su rol en la crisis de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales. Su caso simboliza la polarización política en Bolivia, donde el oficialismo y la oposición cruceña mantienen tensiones desde entonces.
Un pulso internacional con efectos locales
El rechazo al informe profundiza el debate sobre derechos humanos y soberanía judicial. Mientras la ONU exige reparaciones, el Gobierno prioriza el proceso interno, dejando a Camacho en prisión preventiva hasta nueva resolución.