Mineros y gobernación chocan por explotación en Chuquisaca

84 comunidades se oponen a la minería en zona agrícola mientras la gobernación revoca permisos ambientales por riesgos hídricos. Conflicto escaló con protestas en Sucre.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Grupo de personas reunidas en una calle con varios árboles y edificios alrededor.
Imagen de un grupo de personas en una calle transitada rodeada de edificios y vegetación.

Mineros exigen explotar cabecera de río en Chuquisaca y gobernación rechaza

84 comunidades se movilizan contra la minería en zona agrícola. La Gobernación revocó los permisos ambientales por riesgo hídrico y agrícola. Conflicto escaló con enfrentamientos en Sucre este 26 de marzo.

\»No negociamos la vida ni la salud\»: la postura firme de Chuquisaca

El gobernador Damián Condori afirmó que mantendrá la revocatoria de licencias pese a las presiones: \»Aunque nos bloqueen, no cedemos\». Las cooperativas mineras cercaron la plaza 25 de Mayo exigiendo la restitución de permisos, mientras la policía intervino para evitar violencia.

El riesgo ambiental que divide a la región

Condori admitió un \»error inicial\» al aprobar las licencias, revocadas tras evidenciar que la minería afectaría al río Chico y cultivos ecológicos. Los pobladores de 84 comunidades amenazan con radicalizar protestas si persiste la presión minera.

La polémica por los estudios ambientales

La senadora Cecilia Requena (CC) denunció que FENCOMIN busca modificar la Ley 535 para posponer estudios ambientales hasta después de firmar contratos. Ramiro Balmaceda, exdirigente de FECOMAN, negó que exploten zonas prohibidas pero confirmó que piden cambios normativos.

Agua vs. oro: una tensión histórica

Chuquisaca enfrenta conflictos recurrentes por minería en cabeceras de cuenca. La Ley 535 exige evaluaciones ambientales previas, pero sectores mineros presionan por flexibilizarlas. En 2024, ya hubo protestas similares en Potosí por contaminación hídrica.

Un pulso que define el futuro productivo

El desenlace marcará si priman la protección agrícola o la expansión minera. La Gobernación insiste en priorizar el agua, mientras los cooperativistas amenazan con escalar medidas. La tensión refleja el dilema entre desarrollo económico y sostenibilidad.