El Tribunal Supremo de Brasil imputa a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El expresidente y siete aliados enfrentan cargos por rebelión y plan golpista. La Fiscalía presentó pruebas de un plan coordinado para anular las elecciones de 2022. La decisión se tomó este 26 de marzo en Brasilia tras analizar los ataques a instituciones en enero de 2023.
\»No fue un domingo en el parque\»: las pruebas del Supremo
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, afirmó que \»existen pruebas razonables\» que vinculan a Bolsonaro con el borrador del plan golpista. Mostró imágenes de los disturbios del 8 de enero de 2023 y desmontó la defensa que alegaba que los manifestantes eran \»personas religiosas\»: \»No se ve ninguna Biblia\».
Los implicados y sus roles
Además de Bolsonaro, fueron imputados siete altos cargos de su Gobierno, entre ellos: – Anderson Torres (exministro de Justicia). – Walter Braga Netto y Paulo Nogueira (exresponsables de Defensa). – Mauro Cid (excolaborador cercano). La Fiscalía los acusa de actuar \»con todo el empeño\» para deponer al Gobierno electo, aunque no lo lograron por la resistencia del Ejército.
Del cuestionamiento electoral al \»Puñal verde y amarillo\»
Según la acusación, el plan comenzó en 2021 con declaraciones que ponían en duda el sistema electoral. Incluía un intento de asesinato contra Lula da Silva, el vicepresidente Alckmin y el juez De Moraes, bajo el nombre en clave \»Puñal verde y amarillo\». La crisis escaló con el asalto a sedes gubernamentales por seguidores de Bolsonaro.
Brasil: de las urnas a la tensión institucional
Las elecciones de 2022, donde Lula derrotó a Bolsonaro, polarizaron al país. El expresidente nunca reconoció su derrota y promovió teorías de fraude. Los ataques del 8 de enero de 2023 marcaron un punto crítico, con daños al Congreso y al Supremo.
Ahora, la justicia decidirá
El proceso entra en fase de instrucción, donde se recabarán más pruebas. Bolsonaro, ausente en la audiencia, sigue el caso desde la oficina de su hijo en el Senado. Podría enfrentar hasta 40 años de prisión si se confirman los cargos. La sentencia marcará un precedente en la democracia brasileña.