Bolivia suspende polémica medida en PGE 2025 por orden judicial

El gobierno boliviano acata la orden del TCP de congelar la disposición séptima del PGE 2025, rechazada por sectores productivos. Se inicia diálogo bilateral.
unitel.bo
Dos escenas de personas en eventos públicos con banderas y micrófonos.
A la izquierda, un hombre frente a un micrófono y banderas; a la derecha, un grupo de personas en una mesa con documentos y micrófonos.

Gobierno boliviano suspende aplicación de polémica disposición en el PGE 2025

El Ejecutivo acata la orden del TCP de congelar la disposición séptima, rechazada por sectores productivos. El ministro de Justicia, César Siles, anunció hoy en Santa Cruz que se abre un diálogo bilateral con los movilizados. La medida fue publicada ayer tras un recurso de inconstitucionalidad.

\»Suspensión provisional por mandato del TCP\»

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el auto 060/2025, que ordena paralizar la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta norma permitía \»control, fiscalización o decomiso de productos\» a comerciantes acusados de encarecer alimentos. \»El Gobierno cumplirá este auto vinculante\», afirmó Siles.

Reacción de los sectores productivos

El Comité Multisectorial —que agrupa a agropecuarios, transportistas e industriales— exige la derogación total de la disposición, alegando que vulnera la seguridad jurídica. Pese al anuncio gubernamental, mantienen sus críticas: \»No basta con suspenderla, debe eliminarse\», señalaron fuentes del sector.

Diálogo bilateral y plazos judiciales

Siles confirmó que el Ejecutivo convocará a reuniones individuales con cada organización para abordar otras demandas. Sobre el fallo definitivo, estimó que el TCP tendría 60 días (15 para la respuesta gubernamental y 45 para la sentencia). \»Instamos al Tribunal a actuar con celeridad\», añadió.

Antecedentes

La disposición séptima generó protestas desde su inclusión en el PGE 2025, por considerarse una herramienta de intervención estatal en el mercado. Sectores productivos la calificaron de \»confiscatoria\», mientras el Gobierno defendió su necesidad para combatir la especulación de precios.

Cierre

La resolución judicial temporal alivia la tensión social, pero el conflicto persistirá hasta el fallo definitivo. La implementación de los diálogos bilaterales marcará el ritmo de las negociaciones en un escenario de descontento sectorial.

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