YPFB cancela adjudicación a Petroperú por falta de documentos

La petrolera estatal boliviana anuló la adjudicación a Petroperú por incumplimiento en la documentación, optando por Botrading a un precio 47 USD/m³ más alto.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Edificio con logo multicolor y texto en fachada.
Imagen de un edificio mostrando un logotipo multicolor y texto en la parte superior del edificio.

YPFB cancela adjudicación a Petroperú por incumplimiento de documentación

La petrolera estatal boliviana compró combustible 47 dólares más caro a Botrading. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, negó irregularidades y atribuyó la decisión a la falta de papeles de la empresa peruana. La Paz, 23 de marzo de 2025.

\»No hubo favorecimiento, fue un proceso técnico\»

Dorgathen desmintió las acusaciones de trato preferencial a Botrading, empresa pública vinculada a YPFB. \»Petroperú no presentó los documentos requeridos tras ganar la licitación en septiembre de 2024\», explicó en televisión estatal. La adjudicación se anuló y, semanas después, se firmó un contrato con Botrading, que ofertó 198 USD/m³ frente a los 149,35 USD/m³ de la firma peruana.

Controversia en medio de la crisis energética

El caso salió a la luz tras investigaciones periodísticas que cuestionan \»inconsistencias\» en las declaraciones de YPFB. Inicialmente, Dorgathen negó vínculos con Botrading, pero luego reconoció su dependencia de la estatal boliviana. Legisladores exigen claridad sobre el sobrecosto de 48,65 USD por metro cúbico, en un contexto de desabastecimiento de combustible desde febrero.

Antecedentes

Bolivia enfrenta una severa crisis cambiaria y energética, con restricciones a la importación de combustibles desde 2024. YPFB ha recurrido a proveedores estatales como Botrading para garantizar suministros, pese a críticas por opacidad en los procesos. Petroperú, con experiencia en el mercado regional, había ganado licitaciones anteriores.

Cierre

El caso reaviva el debate sobre la gestión de YPFB y su impacto en los precios internos. La falta de explicaciones sobre el cambio de adjudicatario y el sobrecosto podría derivar en nuevas interpelaciones legislativas.