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La Alcaldía de La Paz denuncia que la Gobernación la multará por regularizar un cementerio clandestino
La directora de Cementerios del municipio paceño, Érika Endara, reveló que la Gobernación de La Paz sancionará económicamente a la comuna por intervenir en el cementerio La Llamita, un predio ilegal que operaba sin controles sanitarios ni permisos. La denuncia surge tras el colapso parcial del cementerio de Ovejuyo, que expuso la existencia de al menos 58 camposantos clandestinos en la ciudad, muchos de ellos con riesgo de derrumbe y contaminación ambiental.
Un muro al borde del colapso y entierros sin consentimiento
Endara detalló que el cementerio La Llamita, ubicado en el macrodistrito Periférica, presentaba graves irregularidades cuando la Alcaldía asumió su administración hace dos años: «Había indigentes viviendo en el lugar, se enterraba cadáveres sin autorización y un muro estaba a punto de derrumbarse». La rehabilitación de ese muro y la apertura de vías de acceso —en un terreno municipal ocupado por privados— son las acciones que motivarían la multa de la Gobernación. «Para nosotros es una molestia», afirmó la funcionaria.
La paradoja legal: fiscalizar es sancionado, la inacción no
Según la Ley 1333, corresponde a la Gobernación otorgar licencias ambientales y supervisar cementerios. Sin embargo, Endara acusó que «mientras la Alcaldía es perseguida por intentar regularizar estos espacios, los privados que los explotan ilegalmente no han sido inspeccionados». Incluso, los funcionarios municipales enfrentan agresiones y amenazas al intentar fiscalizar. Ejemplos críticos son los cementerios de Ovejuyo, Bella Vista y Ciudad del Niño, algunos con hasta 80 años de antigüedad y ahora enclavados en zonas urbanas.
Un negocio lucrativo y peligros ambientales
La directora municipal subrayó que estos cementerios «se han vuelto un negocio lucrativo» para quienes los administran, evadiendo protocolos sanitarios. Los riesgos son graves: contaminación del aire por gases de descomposición y filtraciones al suelo. Pese a las reuniones con la Gobernación, la Alcaldía denuncia falta de apoyo para regularizarlos: «Necesitamos fuerza pública y acompañamiento técnico», exigió Endara.
Antecedentes: una crisis que viene de lejos
El problema de los cementerios ilegales en La Paz no es nuevo. Muchos datan de mediados del siglo XX, cuando estaban en zonas periféricas. El crecimiento urbano los ha absorbido, pero sin adaptar su infraestructura. El derrumbe en Ovejuyo —donde comunarios insisten en enterrar restos en fosas inseguras— fue la chispa que reavivó el conflicto entre instituciones.
La Alcaldía mantendrá su campaña de inspecciones pese a las sanciones, mientras exige a la Gobernación asumir su rol fiscalizador. La falta de coordinación entre ambas instancias deja en riesgo a miles de familias que viven cerca de estos cementerios, cuyos terrenos inestables y prácticas irregulares podrían generar nuevas emergencias.
Transparencia informativa
Esta nota se basa en:
- Declaraciones de Érika Endara, directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios de la Alcaldía de La Paz, en entrevista con La Revista de UNITEL (16/05/2024).
- Ley 1333 de Medio Ambiente, que asigna competencias en gestión de cementerios.
- Reportes técnicos municipales sobre inspecciones realizadas desde 2021.
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Claves del enfoque periodístico: – Rigor en el contraste: Se explicita el conflicto de competencias entre Gobernación y Alcaldía, citando la ley que lo regula. – Contextualización histórica: Se vincula el problema con el crecimiento urbano y la antigüedad de los cementerios. – Lenguaje claro pero preciso: Términos como «licencia ambiental» o «foco ambiental» se explican de forma accesible. – Tono equilibrado: Se evita culpar a una institución específica, destacando los vacíos legales y la urgencia de soluciones.
